La decisión del Congreso de eliminar un artículo de la Ley de Garantías, que impedía a los entes territoriales y nacionales realizar contratos 4 meses antes de elecciones, aviva otra polémica frente a las intenciones de esa medida. (Lea aquí: Congreso de la República aprobó la suspensión de la Ley de Garantías).
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se pronunció ayer ante la prensa que cubre el Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago (CAMP) que organiza Asobancaria, y ante una pregunta de este medio sobre su opinión ante esa decisión, dijo: “Esa ley tiene 35 o más artículos. La decisión del Congreso de la República no es una derogatoria ni una eliminación de la Ley Garantías, que sigue vigente, lo que se está tomando como decisión, por parte del Congreso de la República, es permitir la posibilidad estricta de realizar convenios interadministrativos entre la Nación y el ente territorial, y no permite convenios entre el ente territorial y otros actores, con el propósito de contribuir en algo que permite el Estatuto Orgánico del PGN para la Ley de Presupuesto: hacer más eficiente la ejecución del Presupuesto General de la Nación. Hay 3 o 4 billones de pesos en el PGN 2022 que simplemente no se podrían ejecutar de no permitirse esta posibilidad. El propósito superior del Congreso es lo que pasa en los territorios donde hay municipios sin ejecución a lo largo de la pandemia, que no podrán ejecutar de aquí en adelante por un año más, y tampoco en el 2023 porque tienen otras restricciones. Qué se busca: el empleo de la gente, del ciudadano del municipio, de los ciudadanos de un departamento. Garantizar la generación de empleo con principios de integridad en la forma de contratación, transparencia en la publicación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), cumplimiento de pliegos tipo, un sistema especial de seguimiento vigilancia y control de la Contraloría General de la República. No se está derogando la Ley de Garantías”, concluyó.
El ministro José Manuel Restrepo también se refirió a los saldos menores a 93 mil pesos que se encuentren en cuentas bancarias inactivas durante más de un año.
“No hay ninguna toma a ninguna cuenta, es una decisión que lleva 5 años, y ha estado en el Presupuesto General de la Nación (PGN). No es nueva, no cambia nada. ¿Qué permite ese artículo? Que entre la entidad financiera y el Gobierno nacional exista un contrato de préstamo donde la entidad financiera le presta al Gobierno nacional unos montos acumulados de recursos de cuentas que no se han utilizado durante 1 año, cuentas inferiores a 93 mil pesos”.
El ministro precisó que el cuentahabiente puede reclamar ese dinero y responde el Gobierno nacional.
Precisó que anualmente esas cuentas se estiman entre 9 mil y 15 mil millones de pesos. “No hay ninguna toma de cuentas, es un préstamo entre la entidad financiera y el Gobierno nacional”, concluyó Restrepo.
