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Estas son las consecuencias legales que trae falsificar una incapacidad médica

La empresa afectada tiene la facultad de presentar una denuncia penal contra el empleado.

En Colombia, la falsificación de una incapacidad médica no solo compromete la ética laboral, sino que también conlleva serias implicaciones legales. De acuerdo con el Código Penal colombiano, este acto está considerado como falsedad en documento privado, lo que puede desencadenar consecuencias penales y laborales para el infractor. (Lee además: ¡Ojo! Trámites notariales subieron de precio).

El artículo 289 del Código Penal establece que aquellos que falsifiquen un documento privado susceptible de utilizarse como prueba pueden enfrentar penas de prisión que oscilan entre 16 y 108 meses.

Además, la empresa afectada tiene la facultad de presentar una denuncia penal contra el trabajador que haya entregado el documento fraudulentamente, pudiendo incluso dar por terminado el contrato laboral por justa causa. El abogado Jimmy Jiménez, de Integrity Legal subraya que las consecuencias no se limitan únicamente al ámbito penal.

En caso de descubrirse la falsificación, el trabajador puede enfrentar sanciones internas, como llamados de atención formales o suspensión del contrato, dependiendo de la gravedad del caso y el reglamento interno de la empresa.

Es importante destacar que la falsificación de una incapacidad médica, como cualquier otro delito en Colombia, tiene un plazo de prescripción. Dado que se trata de un delito de falsedad en documento privado con una pena máxima de 108 meses, la prescripción ocurre nueve años después de su comisión si no se inician acciones legales. (Lee también: Calendario tributario 2024: fechas clave para cumplir con las obligaciones de la DIAN).

Caso ejemplar

Un caso ejemplar ocurrido en abril de 2016 ilustra las consecuencias reales de este tipo de acciones. Una empleada de una compañía textil falsificó una incapacidad por un día, y al descubrir la irregularidad, la empresa la llevó a juicio. En el año 2021, fue condenada a 16 meses de prisión y enfrentó una pena accesoria de inhabilidad.

Jiménez también destaca que, en casos como este, se pueden reconocer subrogados penales, como la prisión domiciliaria o la reducción de la pena.

Aquellos que cometan este delito pueden solicitar estos beneficios, aunque siempre sujeto a las circunstancias del caso.

Cualquier acción tomada por el empleador debe ajustarse al marco legal, respetando el debido proceso disciplinario. El trabajador debe ser notificado y se le debe permitir presentar descargos, siendo el despido justificado una posibilidad, siempre y cuando se respeten los procedimientos legales. En caso contrario, una autoridad podría ordenar el reintegro del trabajador.

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