Pese a que el procurador delegado para asuntos de las Fuerzas Militares Hermán Rincón, instaló la audiencia disciplinaria contra los siete soldados del Ejército involucrados en la violación de una menor de doce años de la comunidad indígena Embera, en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, la diligencia fue cancelada.
La decisión de Rincón fue motivada porque los uniformados deben rendir su versión sobre los hechos. Al tratarse que, una menor de edad es la víctima, ni los medios de comunicación, ni personas ajenas al proceso podían hacer parte de tal diligencia.
Bajo ese entendido, el procurador delegado determinó cancelar la audiencia y continuar con ella en la mañana de este jueves, sin siquiera una grabación en la plataforma en la cual se realizan tales diligencias.
En este caso, que avanza en etapa de juicio, los uniformados que hacen parte del Batallón de Artillería No. 8 ‘Batalla de San Mateo’, de la octava Brigada del Ejército Nacional, tendrán que responder por el presunto acceso carnal violento y secuestro simple cometido contra la menor, a juicio del ente de control.
Los cargos les fueron endilgados a los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.
Los uniformados se encuentran ante los estrados penales y disciplinarios por las conductas irregulares de abuso sexual cometidas en contra de la menor de edad, que hoy se encuentra con acompañamiento psicológico y médico.
Lo que trascendió en la primera diligencia es que frente al caso del soldado Fernando Mangaret Hernán, aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer, contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla de cualquier agresión.
De acuerdo con lo expuesto por la procuradora Aura Fajardo, Mangaret arregló un “cambuche” para que la menor se hospedara luego de que fue abusada por sus seis compañeros, mientras estuvo desaparecida de su casa entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
La delegada de la Procuraduría dejó claro que los soldados regulares ya habían sido advertidos de la desaparición de la menor, y aún más les habían advertido que no se acercaran a la niña, pero hicieron caso omiso, de ahí que Mangaret la persuadiera para que se quedara en el “cambuche”.
Lo que llamó la atención de la procuradora es que los soldados tenían la responsabilidad de cuidar la integridad de la menor quien pertenece a una etnia diferente a la de los agresores, quienes en audiencia penal hecha por la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad en el abuso sexual.
La Procuradora argumentó que el acceso carnal a la joven Embera se registró luego de que Juan Camilo Morales la abordara y le preguntara “si era virgen, con lo cual dejó ver su intención sexual al abordaje a la niña y allí la condujo hasta una zona cercana” a donde se encontraban el resto de uniformados.
La delegada del ente de control dejó claro que los soldados se reunían en varias ocasiones para fumar cigarrillo y consumir otras sustancias, y en una de esas habían concertado “compartir sexualmente la víctima”.
Para la procuradora, “el haber incurrido probablemente en las conductas de acceso carnal violento conllevó a que los principios de transparencia y moralidad se vieran afectados por la presunta realización de la falta atribuida a los soldados regulares del Ejército Nacional”.
“Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto, esperan que algún miembro de la institución, vulnere la dignidad de las personas, más aún de las menores de edad, dada la investidura y la función constitucional que tienen, más en una zona de conflicto armado como se trata del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, argumentó en su relato.
En un segundo cargo, la Procuraduría cuestionó a los soldados porque, al parecer, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad, con lo cual pretendieron ocultar a la niña de los familiares.
Según el ente de control, en su relato, los soldados habrían retenido a la menor en la parte trasera del Colegio PIO XII, al parecer, impidiéndole salir hasta el día siguiente, sin informar lo sucedido a superiores ni a los familiares de la niña, con lo cual habrían defraudado la confianza que la sociedad tiene en relación con el quehacer funcional de los miembros del Ejército Nacional.
