La demora en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas a los ciudadanos en diferentes regiones del país, sigue generando controversia en el país, al punto que se ha generado un cruce de acusaciones entre las autoridades locales y las EPS por la falta de control.
Esta situación también ha generado que entidades de control como la Procuraduría General de la Nación y la propia Contraloría General de la República hagan un llamado de atención a las diferentes Entidades Promotoras de Salud por el retraso en la toma y entrega de las mismas.
Y es que el tema es bastante complejo si se tiene en cuenta que actualmente hay cerca de 30.470 muestras que se encuentran pendientes de procesar, según las cifras más recientes de la Superintendencia Nacional de Salud.
De este total, el 82 % se concentra en Bogotá y Medellín, específicamente en los laboratorios de Compensar calle 63 (10.267), INEM (3509), Clínica Colanillas (2674), Compensar Calle 26 (1816), Universidad del Rosario (1703), Minsalud (1284) y colchan (1067); y Sur Medellín (2619).
Esta situación afecta la oportunidad en la entrega de resultados por parte de las PES, principalmente a Compensar (4699), Famisanar (4451), Sanitas (2469), Sura (2619), Nueva EPS (976), Mutual Ser (618) y Coosalud (557).
El informe da cuenta que la mayor capacidad de procesamiento de pruebas se concentra en Bogotá, con 55 %, seguida por Antioquia (22 %); Atlántico (5 %); y Valle del Cauca (4,58 %). Respecto al tiempo de entrega de resultados, el promedio está en tres días, pero se evidenciaron de hasta de 72 días.
Ante el panorama, el procurador General, Fernando Carrillo, hizo un llamado a las secretarías departamentales, municipales y distritales de salud a ejercer control y vigilancia frente al proceso de toma, análisis y entrega de resultados de muestras diagnosticas para Covid-19.
Cómo resultado de una acción preventiva, la Procuraduría estableció que en el municipio de Usiacuri, Atlántico, el 16 de junio fueron realizadas 82 pruebas a través de la Nueva EPS, y a la fecha no se conocen los resultados. Además, el 4 de julio, en el municipio de Sabanalarga, la EPS Mutualser practicó 400 muestras y al día de hoy 26 ciudadanos siguen pendientes de una respuesta.
“Para la Procuraduría es urgente adoptar de manera inmediata un plan de seguimiento y articulación con las EPS, que defina la toma de muestras de forma focalizada, la entrega de resultados en plazos razonables y el monitoreo a los pacientes positivos para Covid-19, especialmente a quienes no están hospitalizados”, resaltó la entidad.
Asimismo, solicitó a las secretarias de salud información sobre el número de muestras que se encuentran represadas en los laboratorios de diagnóstico a la espera de ser analizadas, fecha de la toma, entidad que practicó la muestra y a dónde la remitió.
Por su parte, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, alertó este martes a gobernadores, alcaldes y EPS, por las demoras que se están presentando en la entrega de resultados, que llegan hasta los 72 días, lo que impide conocer a tiempo las cifras reales de contagios e invalida el uso oportuno de los mismos.
“Esta situación trae como consecuencias no solo el riesgo de pérdida de vidas, sino que a la vez podría configurarse en un detrimento de recursos públicos, por lo que vamos a adelantar las correspondientes actuaciones fiscales a que hubiere lugar sobre las EPS en todo el país, en los casos en los que los resultados fueron procesados después de 72 horas luego de tomada la muestra y/o se compruebe que además no fueron comunicados oportunamente a los pacientes”, advirtió el Contralor.
El jefe del ente de control puntualizó, además, que los retrasos que superan los tres días no tiene razón de ser para el ciudadano, ni para las autoridades de planeación y vigilancia, pues se están perdiendo importantes recursos de todos los colombianos.
La Contraloría iniciará las indagaciones fiscales de rigor contra las EPS, ya que reciben recursos públicos, debido a que se ha evidenciado que la falta de coordinación de estas con sus laboratorios genera represamiento en los diagnósticos e imposibilita reflejar la situación real de contagios.
“La Contraloría observa con preocupación el desaprovechamiento e inoportunidad en gestión y uso de los recursos del Sistema de Salud, los de la Unidad de Pago por Capitación corrientes y extraordinarios, como también las otras fuentes del Presupuesto General de la Nación”, indicó el Contralor.
De acuerdo con la entidad, en 2019 las entidades aseguradoras del sector salud alcanzaron ingresos superiores a los 68,6 billones de pesos, con 5,6 billones más que el año inmediatamente anterior; y los prestadores públicos y privados reportaron ingresos por 66,3 billones de pesos.
Asimismo, en el trimestre marzo a mayo de 2020, las IPS recibieron 10,4 billones de pesos por servicios de salud, de los cuales 7,9 billones fueron para la red privada y 2,5 billones para la red pública.
En cuanto a la capacidad de los laboratorios, la Contraloría encontró que en promedio pueden hacer 19.592 pruebas, de las cuales solo se alcanza a analizar el 75 %.
Por último, Gustavo Morales, presidente de Acemi, afirmó que la situación actual es compleja, y por lo tanto, ha habido errores y el sistema de salud ha intentado adaptarse a la atención de la emergencia.
“Estamos en una pandemia. La demanda social por pruebas no se corresponde con la infraestructura de los sistemas de salud para procesarlas”, expresó Morales en una entrevista con City TV.
