Un ciudadano ruso capturado esta semana en territorio colombiano estuvo a punto de obtener información de “carácter ultra secreto” que, según la Fiscalía, hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional. De acuerdo con información judicial en poder de este diario, para lograrlo habría sobornado a un coronel del Ejército Nacional.
Tal es la delicadeza del informe al que pretendía acceder Sergei Vagin –quien fue capturado el pasado martes–, que el Presidente de la República es el único con la potestad de conocerlo y compartirlo cuando sea estrictamente necesario.
Así lo aseguró la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento que se llevó a cabo –de manera reservada– en la tarde de este viernes. EL COLOMBIANO tuvo acceso a varias horas de audio de la diligencia en la que el ente acusador expuso el dosier de pruebas que ha logrado recolectar contra Vagin y otras seis personas, entre 2020 y 2022.
Según esa investigación, el alto mando del Ejército hacía parte del Comando General de las Fuerzas Militares y tenía acceso privilegiado a las estrategias de defensa nacional.
Sin llamarlo por nombre propio, la Fiscalía aseguró que dicho uniformado fue contactado en 2021 para que compartiera el Plan Nacional de Adquisición de Armas, un importante expediente con los contactos que tiene el Gobierno para comprar armamento bélico y en el que determina cómo distribuirlo al interior del país y en las fronteras terrestres y marítimas que controla.
Reciba noticias de El Universal desde Google News A cambio de eso, “el ciudadano Vladimir, adjunto a la embajada rusa, ofreció al coronel la suma de 200 millones y la entrega de un apartamento”, dijo el fiscal encargado ante el juez de control de garantías.
Por ahora, la Fiscalía pide que se le imputen cargos y se le aplique medida de aseguramiento a los siete ciudadanos que fueron capturados: Sergei Vagin, Mauricio García, Giovanna Edilma Gutiérrez, Ana María Gutiérrez, Ginna Paola García, Jorge Antonio y Cristian Leandro Reyes Muñoz.
De ellos, tres aceptaron los cargos. Las hermanas Giovanna y Ana María Gutiérrez y el exagente del CTI implicado en los hechos, Mauricio García.
La procedencia del dinero
Pero ese monto se queda corto al lado de las millonarias sumas de dinero que supuestamente movían el ruso y sus aliados entre Colombia, México, Cuba, España, Estados Unidos y Alemania.
Según fuentes de inteligencia, entre 2018 y la fecha de la captura el grupo habría movilizado más de 146 millones de dólares –cercanos a los 570.000 millones de pesos colombianos–, que eran consignados en criptomonedas para perder el rastro de las autoridades.
Al parecer, el negocio principal de la banda colombo-rusa era un presunto lavado de activos que se controlaba desde Rusia por dos hombres más a los que la justicia colombiana no ha logrado identificar.
Desde allí, los rusos manejarían a varios equipos en países latinoamericanos por medio de grupos de Telegram y otras redes sociales difíciles de rastrear.
El negocio, según describió el ente acusador, tenía alrededor de tres momentos. “La primera era la etapa de reclutar al personal. Aquí, los implicados contactaba a personas de escasos recursos y las convencían de alquilar su cuenta bancaria por un determinado tiempo para hacer pequeñas transacciones desde ahí sin generar alarma en las autoridades fiscales”, revela uno de los audios de la audiencia obtenidos por este diario.
En ese punto, los reclutadores le pedían a la persona el usuario y la contraseña de la tarjeta débito y les exigían no hacer ningún tipo de movimientos mientras ellos las tenían “alquiladas”.
De hecho, en una de las llamadas interceptadas se le escucha decir a la colombiana Giovanna Edilma Gutiérrez –quien es una de las tres implicadas de la banda que ya aceptó cargos– que, a cambio de prestarle la tarjeta por dos meses, ella y su equipo le transferirían a la persona un millón de pesos y que, además, harían pagos adicionales de 10 mil y 20 mil pesos por cada retiro presencial que tuvieran que hacer en lugares determinados.
Sin embargo, el trato dependía de cada transacción y cada usuario. En otra llamada la misma Giovanna le explica a otra mujer que le entregó su tarjeta que recibiría 500 mil pesos por cada 30 millones recibidos en su cuenta.
Después, el equipo contaba con una serie de abogados y contadores que tramitaban los papeles para declarar renta cuando fuera necesario y entregar un supuesto “paz y salvo” con el que le prometían a esas personas que no tendrían problemas legales más tarde.
Así, Giovanna Gutiérrez y quienes trabajaban para ella en Colombia lograron utilizar más de 165 tarjetas de crédito y débito con las que atomizaban las transacciones, que oscilaban entre los 50 y 100 millones de pesos diarios.
Luego de recolectar los activos, los ciudadanos rusos se dedicaban, supuestamente, a invertir esas altas cantidades de dinero en apuestas deportivas, que iban desde partidos de fútbol tradicionales hasta juegos de tenis en una ciudad remota de Japón.
“Le causa intriga a la Fiscalía, por ejemplo, como esta gente lograba ganar alrededor del 85 % de las apuestas que hacían. Un margen mucho mayor que el del colombiano promedio que, además, nos habla de posibles apuestas irregulares”, expuso la entidad.
Un asunto de seguridad
Pero esas presuntas movidas millonarias de dinero y esas suplantaciones de identidad no son las únicas que han preocupado a las autoridades.
Resulta que el nombre de Sergei Vagin se hizo conocido para los agentes de inteligencia desde antes de que supieran de sus movidas fraudulentas de criptomonedas entre, por lo menos, seis naciones.
Meses antes, en 2021, Vagin había aparecido en varios videos, en poder de las autoridades, grabando los disturbios y afectaciones a la Fuerza Pública durante el paro nacional.
Dicho hecho, coincide además con un pico de movimientos de dinero que, según el ente acusador, se dio el 30 de abril de 2021, “una fecha que fue el inicio de la línea de tensión con las manifestaciones ciudadanas por la reforma tributaria”.
Bajo esa hipótesis y algunos movimientos relacionados con reclutamiento de personal para alterar territorios determinados, la Fiscalía también cree que la banda podría estar relacionada con la financiación de actos vandálicos y violentos que tenían como fin afectar a los hombres de la Policía y del Ejército que prestaban su servicio durante esas fechas.
De ser cierto, ese sería un detalle que las autoridades no se tomarían con ligereza, pues hay suficientes antecedentes entre el Gobierno colombiano y el ruso como para que duden de cualquier acción que amenace la seguridad del país.
Las tensiones más recientes entre ambas naciones empezaron desde febrero de este año, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a Moscú de brindarle apoyo militar a Venezuela y poner en riesgo los 2.219 kilómetros de frontera común. En esa ocasión, Colombia cedió y llamó a la calma con la advertencia de que seguiría vigilando de cerca lo que ocurriera entre los rusos y el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, tan solo 20 días después se conoció que el vecino país instaló cinco radares que tendrían el propósito de espiar las comunicaciones internas de Colombia y, posiblemente, interferir en operaciones militares. Luego se conocieron drones rusos que vigilaban la frontera y ambos países se exhibieron los armamentos que tienen, en una demostración de poderes con la que se amenazaron mutuamente de manera implícita.
Y así, las hostilidades entre el gobierno del presidente Iván Duque y la embajada de Rusia en Colombia no han parado.
Incluso, la embajada se pronunció horas después de que se conociera la captura de sus connacionales asegurando que la operación fue parte de una campaña mediática dirigida a desacreditar a ese país.
“Causa asombro la postura de algunos medios colombianos que no quieren ver los hechos y publican artículos paranoicos, basándose en sus fobias y sospechas inventan cosas inverosímiles y después las asumen como los hechos reales dignos de hacer creer a sus lectores”, dijo la embajada el pasado jueves.
Este sábado, las partes implicadas estuvieron escuchando las pruebas de la Fiscalía y el juez de control de garantías suspendió la audiencia hasta el lunes a las 2:00 p.m. En esa cita, se espera que decida si los deja en libertad o si asumirán el proceso que se adelanta en su contra desde una prisión.
En todo caso, las autoridades seguirán tras la pista de los líderes de la banda desde el lado ruso que, por medio de cooperación internacional, podrían enfrentarse a los mismos delitos de los que se le acusa a Vagin: transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir y acceso abusivo informático.
