Un acuerdo que se venía concretando detrás del telón mediático y de redes sociales —ahora tan común para hablar de temas públicos en Medellín—, y que empezó hace varios días en Madrid con reuniones de alto perfil en las que participaron funcionarios del Gobierno Nacional, está a punto de salvar a Hidroituango.
Todo parece indicar que la aseguradora española Mapfre, que tiene la cobertura todo riesgo del megaproyecto y que recientemente fue incluida en el fallo de la Contraloría en contra de 26 personas jurídicas y naturales, pagará el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018, esto es, unos 983,8 millones de dólares que, a la tasa de cambio actual, son $3,84 billones.
A estos $3,84 billones se ha dicho que la aseguradora Sura sumaría recursos, menos un deducible de $800.000 millones que pagarían los constructores del proyecto, para completar la bolsa de los $4,3 billones que fueron establecidos como detrimento patrimonial por la Contraloría.
Sin embargo, ayer en la noche, por medio de un comunicado, Seguros Sura aclaró que no ha participado de ninguna reunión en Madrid y que no conoce el acuerdo al que se llegó con Mapfre: “Con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que Seguros Sura realizaría un pago por 400 mil millones de pesos, la compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría”.
El asunto es que el acuerdo con Mapfre, que debe refrendar la Contraloría en una reunión cumbre que se realizaría el viernes en Bogotá, significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad para los procesados se extinguen.
En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.
Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.
En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.
Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM.
EPM informó anoche sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme.
Esta no es solamente una salida para Hidroituango, también para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña está pendiendo de un hilo por cuenta de la decisión de la Contraloría.
La negociación
El aval de la aseguradora se dio después de varias reuniones de alto perfil en España, casa matriz de Mapfre, que pondría $3,84 billones. A esto se descontará el pago de deducibles que asumirían los constructores del proyecto.
El alcalde Daniel Quintero dijo ayer: “Gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar los primeros 4,3 billones de pesos de Hidroituango. Los contratistas por primera vez tendrán que pagar 800 mil millones de deducible. Continuaremos la demanda para recuperar el resto de recursos no cubiertos por las aseguradoras”.
Los $800.000 millones a los que se refiere el alcalde hacen parte del deducible del seguro, lo que según el fallo de la Contraloría, deberían asumir los 26 condenados.
Hay que tener en cuenta que este es un fallo solidario, por lo que, o todos pagan la totalidad del dinero, o lo asumen unos cuantos, incluso podría correr por cuenta de un solo condenado.
Según confirmó EPM, de ese valor global que pagaría Mapfre ya ha recibido como anticipo USD $350 millones. Las condiciones y cronograma para el pago de los recursos restantes están en proceso de definición entre las partes.
Un eventual acuerdo deberá ser sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa, dijo la compañía en un comunicado.
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Resulta que la Sala de Decisión Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, en el fallo de segunda instancia conocido el viernes 26 de noviembre, revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora y la declaró como tercero civilmente responsable, haciendo efectiva la póliza todo riesgo construcción.
La Contraloría aplicó una figura jurídica llamada vinculación del garante, prevista en la ley para incluir a la compañía de seguros cuando un bien o un contrato, objeto del proceso fiscal, se encuentren amparados por una póliza.
Al adquirir la calidad de tercero civilmente responsable, la aseguradora tiene los mismos derechos y facultades de cualquier implicado. No es que la compañía entre a responder por los actos de los sancionados, sino que su obligación en el proceso proviene del contrato de seguros.
La Corte Constitucional ha explicado en su jurisprudencia que la vinculación de la aseguradora al proceso de responsabilidad fiscal es para garantizar el resarcimiento del patrimonio público, argumento que siempre estuvo encima de la mesa durante el debate por quién debería pagar el detrimento patrimonial por los daños en Hidroituango.
Sura, por su parte, fue vinculada desde el fallo de primera instancia de la Contraloría, al incluir una póliza por 102,2 millones de dólares para los terceros afectados.
Un problema de seguros
Como se dijo, que el detrimento patrimonial fuera pagado o no por las aseguradoras fue un tema de discusión en los últimos meses.
Ahora que Mapfre saldría al rescate con la consignación anticipada de la indemnización por la póliza se ha recordado que el alcalde Daniel Quintero dudaba de este pago y que, precisamente, por eso se despachó en varias oportunidades en contra de los contratistas del proyecto.
Justo en pleno debate por el propósito de Quintero de sacar de la obra a los contratistas por el fallo de primera instancia de la Contraloría, hubo un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria. Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.
Quintero le replicó a continuación, en Twitter: “No señor gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.
Ahora, con el acuerdo que anunciaría la aseguradora Mapfre, Hidroituango se salvaría, por lo menos hasta el encendido de sus dos primeras unidades.
Para asegurar el proyecto, EPM adquirió una póliza conocida como Todo riesgo construcción y montaje hasta por 2.550 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de 1 millón de dólares.
Esta fue la póliza que vinculó la Contraloría en el fallo de segunda instancia.
En septiembre de 2019, Mapfre emitió una nota de cobertura para cubrir los daños generados en 2018, es decir, confirmó que las causas de la emergencia estaban dentro de la cobertura de la póliza.
Luego empezó un inventario de los daños para cuantificarlos. Ese proceso lo adelanta un equipo de ajustadores que determina cuál elemento reconoce y en qué proporción.
Después realizó pagos parciales a medida que iba haciendo el inventario. Hasta ahora ha girado 350 millones de dólares, los mismos que serán tenidos en cuenta en la bolsa final de 983,8 millones de dólares que pagará Mapfre.
El pago total que se daría para cumplir el fallo de la Contraloría abrirá un nuevo capítulo de negociaciones, ajustes y reclamaciones porque el valor final de la indemnización, antes de conocer las consecuencias del proceso fiscal, solo se sabría cuando terminara la obra en 2025. Ocurrirá en las oficinas mientras la construcción avanza e Hidroituango enciende sus turbinas.
