Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se analizó el informe de la Misión de Verificación la canciller, Claudia Blum, se refirió a los resultados del informe de la Misión de Verificación, asegurando que este no puede referirse “solo” a las acciones del gobierno y que debe considerar la existencia de disidencias como un incumplimiento por parte de las Farc. Ante esto las críticas no se hicieron esperar.
“Cuando se analiza el cumplimiento del acuerdo el informe no puede referirse solo a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. Los enemigos del acuerdo son los criminales incluídas las disidencias el 80% de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes”, dijo la canciller.
Según la alta funcionaria cuando se firmó el acuerdo en 2016 “la antigua guerrilla de las Farc no era el único generador de violencia por ende resultaba ilusorio pensar que su implementación sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta paz estable y duradera”.
Y agregó que desde la segunda mitad del siglo pasado “en determinadas zonas del país han existido grupos armados organizados al margen de la ley que plantean retos en la estabilización y la consolidación en su disputa por los corredores del narcotráfico estas organizaciones atacan a la población, atacan a los líderes sociales y a sus comunidades afectan a los campesinos y enfrentan a la fuerza pública que garantizan el imperio de la ley”.
Sin embargo, la canciller consideró que “la construcción de la paz en Colombia es un proceso irreversible. Se equivocan quienes quieren confundir a los colombianos sobre estos esfuerzos, se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados, pero se equivocan aún mas los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región. El gobierno ha desarrollado un juicioso trabajo de planeación a 15 años para lograr un cambio real mediante la implementación de rutas irreversibles”.
*La polémica*
Los primeros en referirse a las declaraciones de la canciller fueron los miembros de la antigua guerrilla de las Farc. Rodrigo Londoño sostuvo que el discurso de la funcionaria “falta a la verdad y pone una diana en la cabeza de los miles de firmantes del Acuerdo de Paz que estamos comprometidos con el cumplimiento de lo acordado, a pesar de los incumplimientos permanentes de este gobierno”.
Julián Gallo, miembro de ese mismo partido político, indicó que “las palabras de la Canciller ante el Consejo de Seguridad de la ONU responsabilizando a Comunes de violar el Acuerdo por la existencia de las disidencias son perversas y nos cuelgan una lápida al cuello”.
Otros sectores de la sociedad civil también cuestionaron duramente a la funcionaria. El exconstituyente y exnegociador de paz con el ELN, Álvaro Leyva, indicó que lo que dijo la canciller es una “bestialidad” que da para que “renuncie y se esconda. Hay que pensar en la seguridad de la gente. Usted, un peligro. Hay que trabajar la paz ignorando ese obstáculo que es el gobierno. Hay vidas de por medio. Vamos a hacerlo”.
Igualmente el exnegociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle protestó por las afirmaciones de la funcionaria y reiteró que estas ponen en riesgo las vidas de los excombatienes que dejaron las armas. “Es la negación del Acuerdo. Es una provocación y exijo retractación”. Así mismo, dijo que la funcionaria hizo “una afirmación inaceptable. ¿De modo que los que entregaron las armas y están cumpliendo, tienen que responder por los desertores? ¿A quién le cabe en la cabeza?”.
Luego de desatada la polémica el Alto Comisionado para la Estabilización, Emilio Archila, indicó que es deber de la Misión de Verificación analizar “las causas para las violencias que se mantienen en el país lo mismo ha hecho el gobierno y todos nosotros. La canciller explicó que bajo ninguna circunstancias se pueden atribuir esas violencias a un pretendido incumplimiento del acuerdo por parte del Estado, primero porque los grupos como el Clan del Golfo, los Caparros y el ELN existían desde antes y siempre se supo que eran temas que se tenían que seguir combatiendo”.
Según dijo “algunos miembros de las Farc nunca se acogieron al proceso y algunos exmiembros de la guerrilla como ‘El Paisa’, Marquez o Santrich pretendieron acogerse al proceso y lo abandonaron. Son ellos quienes tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad que le corresponda al Partido de Los Comunes”.
