Desde hace tres años, en la vereda Aguacatal, del municipio de Quimbaya (Quindío), a unos 40 minutos de la capital, Armenia, hay un lugar dedicado a la adoración de lucifer.
Sin embargo, en este tiempo no ha sido bien visto por diferentes sectores, incluyendo al actual gobernador de este departamento, el sacerdote católico Carlos Eduardo Osorio Buriticá.
Héctor Londoño, quien se hace llamar Víctor Damián Rozo, dueño de la iglesia de lucifer, expone cuáles fueron sus motivaciones para empezar con esta devoción.
“El Dios católico no me escuchaba y decidí buscar otra figura”, recuerda Londoño, quien dice que ha estado cerca a la hechicería desde niño, porque su profesión es de hechicero y en la iglesia de lucifer, se dedica a adorar a este nuevo dios, aunque explica que “está alejado del satanismo, porque nosotros no realizamos sacrificios de animales ni de seres humanos, como acostumbra el satanismo”.
Aunque el lugar se levantó sin permisos ni licencias de construcción, la Secretaría de Planeación multó a la Asociación Templo Semillas de y/o Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz y, según explica su dueño, esta deuda ya fue saldada, “porque reconozco que fue un error construir sin los permisos”.
Pero, la decisión del cierre o eliminación de la personería jurídica, no está en las manos del gobierno local, por lo que el Gobierno Nacional designó a Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, directora técnica de Asuntos Religiosos, como gobernadora ad hoc para este caso.
Aunque este diario buscó a Ríos Cuéllar, desde la oficina de comunicaciones del Ministerio del Interior señalaron que aún no se posesiona oficialmente como gobernadora ad hoc para estudiar este caso.
No obstante, Londoño confía en que seguirá con permiso para operar, aunque, en el caso hipotético de que la decisión resulte contraria, asegura que “en mi propiedad, que es privada, me seguiré reuniendo con mis amigos o seguidores de la iglesia, que vienen de muchos países”.
Su posición es firme y dice que “no creo que me quiten la personería por una pataleta y persecución del gobernador, que no comulga con otras creencias”.
Sobre este pleito, Hernán Olano, doctor en derecho canónico y director de Humanidades de la Universidad la Gran Colombia, señala que la ley es clara en determinar que proceso satánicos no están aceptados en el país. “Hace un tiempo se presentó una situación similar con una iglesia de Cali, que tenía como objetivo participar de rituales de sacrificios de humanos y animales que ellos consideraban”, recordó Olano.
La Ley 133 de 1994, del derecho a la libertad religiosa, en su artículo quinto, establece que “no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”.
Ante esto, Olano señala que lo más seguro es que la decisión de la gobernadora ad hoc será retirar la personería jurídica, porque “no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la ley”.
