Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, solicitó a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) que el senador Iván Cepeda y su hermana, María Cepeda Castro, sean acreditados en condición de víctimas y que sus testimonios sean escuchados en audiencia pública.
A juicio de la penalista, Cepeda y su familia deben ser escuchados por la JEP, al cumplirse un cuarto de siglo del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, su padre, sin que la justicia ordinaria haya logrado determinar a los autores intelectuales del crimen.
Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia de la operación criminal denominada ‘Plan Golpe de Gracia’, coordinada por miembros del Estado, altos mandos del ejército y grupos paramilitares, para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP, por su militancia política en la oposición.
Así las cosas, los hermanos Cepeda Castro señalaron que a pesar de las numerosas decisiones judiciales, entre ellas la proferida en julio de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que este caso fue el de un crimen de Estado, perpetrado como parte del genocidio cometido contra miles de integrantes del Partido Comunista Colombiano, PCC, y de la Unión Patriótica, UP, no ha sido posible que la justicia ordinaria determine la identidad y sancione a los máximos responsables.
Entre los hechos relevantes refieren la declaración de alias ‘Don Berna’, tomada por la Fiscalía en una cárcel de Nueva York, quien afirmó que José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, fungía como intermediario entre un círculo de poderosos políticos y mandos militares, y el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, y que a través de él ese círculo había encomendado asesinar en Bogotá al senador Cepeda Vargas.
“A pesar de que esta declaración se registró oficialmente hace más de una década, que Narváez fue vinculado al proceso penal por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, y que la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad, hasta hoy no se ha tomado ninguna decisión de fondo en este caso”, expresaron.
Por lo anterior solicitaron que, con base en los informes presentados por diversas organizaciones y por la Fiscalía, llamen a declarar a Narváez y a los demás responsables vinculados con dicho Plan.
Finalmente, piden en la misiva, “que se lleven a cabo todas las labores que les encarga la Constitución y la ley para que opere en debida forma la justicia transicional y garanticen verdad y justicia en este caso que se mantiene en la impunidad debido al dilatado proceso judicial”.
Manuel Cepeda, uno de los máximos dirigentes del PCC y congresista de la UP, contaba con más de 40 años de trayectoria política. Tras su paso por el Congreso impulsó la creación del reciente aprobado Estatuto de la Oposición, el Ministerio de Cultura, las reformas al Código del Menor, la ley de la mujer trabajadora, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y la ratificación del protocolo de los convenios de Ginebra -fundamento del derecho internacional humanitario-.