Por segunda vez en menos de dos meses, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, radicó ante el legislativo una propuesta de proyecto de ley para reformar el sistema tributario del país. Este jueves las comisiones económicas de Senado y Cámara fueron convocadas para votar la ponencia.
El texto de 364 páginas de la propuesta de Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, como fue denominada por el Gobierno, pretende recaudar 22 billones de pesos a 2023, una cifra poco menor de los 25 billones que se propuso la propuesta inicial.
Del amplio documento técnico, expertos resaltan los siguientes nuevos impuestos que tendrán que pagar principalmente las empresas y las personas naturales a partir del primero de enero de 2023, si el congreso lo aprueba tal y como está.
NUEVOS IMPUESTOS
Uno de los nuevos impuestos es para las empresas que extraen petróleo y carbón, que tendrían que pagar una sobretasa de renta de 10 %. La propuesta determina que para 2015 el porcentaje bajaría a 5 %.
Un segundo impuesto es para quienes tengan patrimonios mayores a $3.000 millones, así como un impuesto al dividendo con un tope de 20 % para ganancias de más $10 millones de pesos.
En cuanto al impuesto a las ganancias ocasionales, la reforma estipula una tarifa única de 15 % para el caso de herencias, donaciones y enajenaciones de activos (que pagan una tarifa actual de 10 %), y de 35 % para las rifas y loterías (paga 20 % en la actualidad).
Entre los cambios, también se establece a sobretasa de 5 % de manera transitoria a instituciones financieras, así como una sobretasa de 3 % a las hidroeléctricas.
Los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas también tendrían que pagar un impuesto, aunque los criterios para establecer quienes lo pagarían quedaron más flexibles a los propuestos inicialmente.
LAS QUEJAS
La oposición del gobierno y la mayoría de gremios tanto empresariales como comerciales expresaron profundos reparos al nuevo borrador de la propuesta para reformar el sistema.
La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), afirmó que la nueva ponencia arriesga la actividad empresarial, la generación de empleo y la inversión futura.
“A pesar de que sí hay algunos cambios y ajustes frente a la propuesta inicial, hoy debemos decirle al país que de aprobarse esta reforma el efecto sobre el empleo y las familias colombianas será lamentable, y todos debemos ser conscientes de esa realidad”, señaló la ANDI.
Sobre las cargas tributarias al sector petrolero y minero, la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), afirmaron que la pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y minerales, señalando que la producción futura de petróleo podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios y por ende caería también el recaudo tributario. En relación con lo anterior, afirmaron que se perderían 20.000 empleos directos en las regiones.
El gremio de los hidrocarburos pide considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones.
Los gremios afirman que se requiere discusiones profundas que no se pueden surtir en una pocas horas, como lo dijo el Consejo Gremial Nacional, que reúne a varias asociaciones y federaciones del sector económico.
Justamente, sobre el primer que se dará este jueves en el Congreso, el Centro Democrático aseguró que el gobierno pretende aprobar la nueva propuesta tributaria sin discusión o debate.
“¿Cómo es posible que ayer martes a las 7:30 el gobierno presente un documento, elaborado por ellos, como ponencia mayoritaria y pretenda que mañana jueves, solo en dos días, un nuevo documento sea pupitreada? ¿Cómo es posible que le exijan a los congresistas votar este documento sin leerlo?”, afirmó Miguel Uribe, senador del Partido Centro Democrático.
