El borrador de un proyecto de ley que viene estudiando la Superintendencia de Transporte, en el que se fijan los lineamientos para regularizar el servicio particular que se presta por medio de aplicaciones tecnológicas, provocó un enorme debate que llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a decir que el Gobierno no presentará el proyecto sin haberlo discutido previamente con los involucrados.
El polémico proyecto, que se hizo viral en redes sociales, prevé sanciones económicas, inmovilización de vehículos e incluso el bloqueo de las plataformas en la red, para quienes ofrezcan el servicio de transporte sin cumplir con las exigencias que establece la ley. Lea: Indrive peligra: Gobierno busca acabar con plataformas de movilidad
Una vez empezó a conocerse el texto, transportadores expresaron su rechazo y algunos de ellos salieron a las calles y bloquearon la avenida Eldorado de Bogotá en la noche del lunes.
Según José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que impulsa estas aplicaciones, lo que está en juego es la subsistencia de cerca de 100 mil personas que viven de estas plataformas.
José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.
Señaló que no solo los carros particulares se verían afectados sino los mismos taxistas, ya que existen más de 230 mil cuentas de usuarios del gremio amarillo inscritas en estas apps de movilidad.
De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, citado por Alianza In, si las plataformas dejaran de operar en Colombia, el 44% de los conductores no tendrían otra actividad económica en qué ocuparse, el 32% tendría que recurrir a un trabajo informal y solo el 14% contaría con un empleo formal.
El rechazo de los conductores de las aplicaciones llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a aclarar que el Gobierno no va a radicar ningún proyecto de ley sin que haya un consenso y a citar para este miércoles una reunión con representantes de las plataformas y conductores para conocer sus propuestas y opiniones.
“Nosotros no vamos a radicar por instrucción del presidente de la República ningún proyecto de ley mientras no haya consenso. Como cabeza del sector transporte sueño una mesa sentados todos, sin exclusiones, para construir un documento que ningún gobierno en el pasado ha querido asumir”, dijo el ministro Reyes.
Las sanciones de la discordia
En el artículo 67, llamado: “Desconexión de medios de comercio electrónico - plataformas digitales”, se plantea que los medios de comercio electrónico o plataformas tecnológicas que ofrezcan servicios en el sector transporte o de cualquier manera, que directa o indirectamente contribuyan, permitan o faciliten satisfacer necesidades de movilización en vehículos particulares, que no cuenten con la autorización de la autoridad de transporte competente, serán bloqueados por los operadores de internet.
“Se ordenará a los proveedores y operadores de redes y servicios de internet la desconexión de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, siempre que, establecido el carácter ilegal del servicio de transporte, en atención a la escala de su operación puedan distorsionar el mercado de los servicios de transporte”, dice la norma propuesta.
Una sanción calificada por Alianza In como una práctica implementada por “regímenes autoritarios” que distan de las profundas garantías democráticas del Estado colombiano, argumentando que el principio de neutralidad de red no solo es una garantía tecnológica y económica, sino que tiene relación con los derechos humanos, remontándose al pasado cuando la Superintendencia de Industria y Comercio en 2019 ordenó el bloqueo de la aplicación Uber en nuestro país, lo que generó un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, en el artículo 35 se mencionan las sanciones que tendrían estos conductores. El borrador estipula que “cuando se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, en este caso el vehículo y/o equipo será inmovilizado la primera vez por el término de treinta días, la segunda vez por sesenta días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa días”.
El ministro Reyes, sin embargo, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que al usuario no se le puede sancionar por usar un servicio que el Estado ha permitido desde hace mucho tiempo. Lea: La millonaria multa que pagarías por subirte a un Indriver o Uber
Señaló, eso sí, que el régimen sancionatorio es necesario porque en Colombia hay mucha informalidad en el transporte y ninguno de los gobiernos anteriores ha hecho nada para evitarlo.
En una carta enviada al ministro Reyes, el gremio puso a su consideración los puntos de legalidad, libre empresa y legítima confianza, los cuales serían vulnerados por este proyecto de ley.
Para Alianza In, las plataformas digitales prestan servicios tecnológicos de intermediación, por lo que no pueden asemejarse a empresas de transporte, como lo ha reconocido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Reyes señaló que el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro y de su cartera es dar solución al vacío de reglamentación que existe, pero el que se conoció es solo un borrador, que seguirá siendo sujeto de modificaciones.
Guillermo Reyes, ministro de Transporte.
“Queremos reiterar nuestro deseo de participar en la construcción de reglas de juego ciertas que protejan el trabajo de más de 100.000 personas, concretan la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamizan la economía digital”, puntualizó José López sobre la reunión de este miércoles.
