Luego de conocida la propuesta del gobierno nacional que busca quitarle facultades a la Procuraduría y a la Contraloría para investigar a funcionarios públicos, el actual contralor rechazó la propuesta a la que considera que “no es conveniente ni oportuno”.
Según expresó el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, estas son funciones vitales para vigilar el patrimonio colombiano, las cuales son decisiones que se deben tomar de manera reposada. Lea también: Le abren investigación a Álvaro Leyva por suspensión de licitación de pasaportes
“La Contraloría nunca ha hecho un abuso de esa disposición, ni hemos politizado ni hemos dejado que la entidad se instrumentalice para ejercer esas competencias en función de actividades con intereses particulares, alejadas de la responsabilidad única y exclusiva de vigilar el patrimonio de los colombianos”, enfatizó Zuluaga.
Adicionalmente, el alto funcionario hizo una solicitud al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República para que “revisen de manera detallada primero cómo resolver el asunto de convencionalidad expresado en esa reforma”, anotó.
Más de 60 candidatos con posibles inhabilidades
Durante el marco del foro “Por unas elecciones en paz, transparentes y de cara a la ciudadanía, convocado en el marco de la conmemoración de los 100 años de existencia de la CRG”, el Vicecontralor en funciones de Contralor General reveló que esta entidad ha identificado que 65 candidatos para las elecciones del próximo 29 de octubre están reportados en el Boletín de Responsables Fiscales.
El jefe actual de la Contraloría expresó que se tendría que verificarse es si el Consejo Nacional Electoral o los partidos aceptaron la inscripción de esos 65 candidatos, algunos de los cuales aspiraban a ser gobernadores y alcaldes. Pero que en su concepto, que quien aparece en este Boletín no debería ser inscrito como candidato y debe revocarse su inscripción si se hizo.
“La pregunta que uno se hace, ad portas de una elección, es si después de haber determinado la Contraloría que existió responsabilidad fiscal sobre estas 65 personas, que administraron el recurso y el patrimonio de todos los colombianos, tienen el derecho a volverse a elegir como servidores públicos en una elección, en cumplimiento de un fallo”, manifestó Zuluaga. Lea también: Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia de la reforma a la salud
Cabe resaltar que la modificación que se pretende hacer con el proyecto de ley que anunció el Gobierno es que, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos a favor del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no se sancione ni se reporte a los servidores públicos elegidos popularmente.
“Nosotros consideramos que no se le deberían quitar a la Contraloría las competencias de sancionar e investigar servidores públicos en general y reportarlos en el Boletín de Responsables Fiscales. Tampoco se le debe quitar la atribución que tiene para separar del cargo, durante el periodo que se tenga una investigación, donde existan indicios que el uso de ese cargo por parte del servidor público puede obstaculizar la investigación fiscal adelantada por la Contraloría”, subrayó el Vicecontralor en funciones de Contralor General.
