Este viernes se conoció que el Ministerio de las TIC hará una audiencia pública para adjudicar un nuevo contrato que reemplace el que hicieron con Centros Poblados. Esa polémica unión temporal –que tiene a varios de sus integrantes detenidos– falsificó las pólizas que le hicieron acreedores de un contrato por $1.07 billones, el cual será entregado al que quedó segundo en la lista esa vez.
La audiencia pública quedó fijada para este miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana, y tendrá como proponentes a nueve empresas que cuentan con el papeleo. Entre ellas está la unión temporal entre Skynet y ETB, la cual fue la segunda en el proceso que se llevó a cabo a finales de 2020.
Esa unión, según le dijo la ministra Carmen Ligia Valderrama a comienzos de año, es la competente para quedarse con el contrato de la región B, la cual abarca puntos de conexión en 16 departamentos.
Para la funcionaria, la sumatoria de toda la investigación que hizo junto a su equipo le permitió concluir que lo que está viciado es el contrato en particular, no todo lo demás.
De allí se desprende que “el proceso licitatorio, donde se presentaron 10 oferentes, gozaba de la validez correspondiente y hay una disposición legal que nos permite que, si el primero al que fue adjudicado había incumplido, se le pueda contratar al segundo, que es en este caso ETB y SkyNet (Unión Temporal Colombia Conecta)”.
Si bien el miércoles será el día de la audiencia en el que se espera el punto final, sería esta nueva unión, la cual cobrará los mismos $1.07 billones pero hará menos puntos de los acordados en Centros Poblados.
Los liderados presuntamente por Emilio Tapia, bajo la representación legal de Luis Fernando Duque, ofrecieron la construcción de 7.277 puntos. En cambio, Colombia Conecta hará 6.587.
Esa vez, la ministra dijo que una de las incógnitas que ronda este episodio, los puntos que quedan por fuera, ya son materia de estudio para su construcción por otros medios.
EL PROCESO JUDICIAL POR CENTROS POBLADOS
Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, Juan José Laverde, Juan Carlos Cáceres, Ottomar Lascarro y Jorge Enrique López Benavides habrían tenido algún papel en la pérdida de los $70.000 millones del anticipo que entregó MinTIC a Centros Poblados.
Por tal motivo ya fueron procesados por la Fiscalía y algunos de ellos, entre los que está Tapia, están con medida de aseguramiento mientras se resuelve su situación jurídica.
La tesis que sostiene el ente acusador es que deben ser judicializados por solo $15.000 millones, suma que se habrían gastado del anticipo los supuestos cerebros –a diferencia de López, que es solo un presunto tramitador–.
Algo muy distinto a las pretensiones que tiene el Gobierno, pues tanto la ministra Valderrama como el abogado a lo largo de las audiencias han dicho que quieren los $70.000 millones de vuelta.
