El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su abogado Alfonso Portela Herrán, le pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, una revisión minuciosa de las cuentas y los gastos en que incurrió el comité promotor de la revocatoria “El pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar”.
La petición incluye la revisión de gastos como los costos de la edición de un video sobre la revocatoria publicado en la cuenta de Instagram de Juan Giraldo el pasado 31 de octubre, los gastos del personal para el alistamiento y la auditoría de las firmas, los gastos en elementos tecnológicos para la digitalización de las firmas (escáner y computadores) y si a la Registraduría, adicional a los formularios físicos, se le hizo entrega de algún elemento magnético.
La petición también incluye la revisión de otro video publicado por la misma cuenta anterior el 20 de octubre de 2021, en la que mientras un miembro del comité revocatorio habla sobre el tema, al fondo se observan pendones con propaganda y personal con prendas de bioseguridad. Sobre estas, el apoderado Portela pide que se revisen los gastos de ambos conceptos y si dichos elementos de bioseguridad se ajustaban a los requisitos del momento.
Quintero también solicita la revisión de otro video en la misma cuenta de Juan Giraldo con fecha del 1 de agosto de 2021 en el cual se le solicita a la ciudadanía que firme la revocatoria. Según los argumentos del apoderado del Alcalde, las imágenes muestran a personas con camisetas alusivas a la revocatoria, así como pendones sobre el tema.
Se le solicita al CNE revisar “los lugares y fechas de recolección, los cuales están publicados en el mismo perfil con el fin de identificar si fueron reportados los gastos de publicidad y logística”.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Por último, Portela pide que el CNE le informe si en las cuentas presentadas por el comité promotor se evidencia un rubro en relación con los honorarios en dinero o en especie de acompañamiento y asesoría jurídica, “lo anterior por cuanto la ley exige se relacionen en el libro de cuentas de cualquier proceso de revocatoria”.
El apoderado del Alcalde termina argumentando que dicha petición se hace “con el fin de ejercer el derecho a la defensa que le asiste a mi poderdante y se cumpla el debido proceso”.
Recordemos que esta semana, un auto de una dependencia del CNE frenó la revisión de las cuentas del proceso de revocatoria, lo que en un principio se entendió como un freno al proceso de revocatoria mismo, lo cual luego fue aclarado por los promotores de esta instancia de participación.
La respuesta del comité promotor
Conversamos con Julio González Villa sobre las solicitudes de Quintero al CNE. “El alcalde no tiene de donde pegarse. El proceso de recolección de firmas fue lo más sencillo que hubo, puros voluntarios. Unos que se instalaron en el centro comercial El Tesoro y otros que fueron a los barrios y fueron puerta por puerta preguntándole a las personas. En el proceso de recolección nunca ocurrieron episodios como personas en grupo caminando por las calles recogiendo las firmas en masa”, contó.
Al ser cuestionado por el papel del abogado Hollman Ibáñez y la firma del abogado Abelardo de la Espriella, González dijo que la revocatoria no tiene a ningún abogado contratado y que nunca se ha vinculado a ninguna oficina ni se ha firmado ningún contrato.
En cálculos redondos, dice que el comité terminó invirtiendo entre 198 y 200 millones de pesos en la recolección, pero que nunca se violaron los topes establecidos por la ley.
Sobre el proceso del CNE, González expresó que cuando el comité tuvo conocimiento de que el órgano había abierto una indagación preliminar, enviaron certificaciones contables y comunicaciones, probando que las cuentas estaban en orden. Asegura, a su vez, que el magistrado Abreo no le dio trámite a nada y solo un año después, cuando la Registraduría validó las firmas y recayó sobre el CNE la tarea de certificar las cuentas, el tema revivió.
Según sostiene, el CNE nunca habría surtido etapas en el proceso, como la de formulación de cargos, y cree que no hay ningún indicio, ni siquiera la carta publicada por el alcalde Quintero, que dé cuenta de que ellos violaron los topes o tuvieron inconsistencias en sus estados contables.
