Desde Montería, la procuradora Margarita Cabello sostuvo que las curules de paz deben tener como únicos protagonistas a las víctimas del conflicto armado y no servir como trampolín político.
En el evento, organizado por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, la jefe del Ministerio Público indicó que “los 16 escaños deben tener como únicas protagonistas a las víctimas del conflicto que provengan de las zonas definidas en el acto legislativo que regula el tema de las Circunscripciones Especiales para la Paz. Siendo importante destacar que se trata de comunidades de los departamentos más golpeados por la violencia como Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Sucre, Guaviare, Magdalena, Cesar, La Guajira, Tolima y Arauca”.
Asimismo, señaló que “el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en decisiones recientes, reivindicaron el derecho de las víctimas a tener 16 circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes como una de las tantas respuestas del proceso de paz. Es el puente entre la institucionalidad democrática y aquellos que padecieron, durante décadas, las crudezas del conflicto armado en territorios alejados e inhóspitos de la geografía nacional”.
En su intervención, Cabello también sostuvo que esta situación le impone grandes retos tanto a la institucionalidad como a la sociedad en conjunto, porque, según señaló, que esto persigue la protección y la participación de los más vulnerables en el ejercicio político del país.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Cabello agregó que “para los órganos de control y para la sociedad la obligación es enorme para poder cumplir, porque tenemos que estar vigilantes para que el ejercicio político sea ejercido realmente por los destinatarios específicos: las víctimas del conflicto armando. Es para ellas que se edificó este derecho de participación política”.
Las curules de la paz revivieron este año tras un concepto de la Corte Constitucional emitido en mayo pasado. La decisión del alto tribunal se dio tras fallar una tutela presentada por el senador Roy Barreras en la que argumentaba que en la votación de 2017 se generó un error.
