Desde la llegada de Gustavo Petro al Gobierno, la invasión ilegal de predios ha estado en el foco no solo de los medios de comunicación, sino también de las autoridades, para las que se ha ido convirtiendo en una preocupación creciente, por los conflictos sociales que está generando e incluso porque ha provocado reacciones que hacen temer sobre un posible resurgimiento del paramilitarismo.
Esta problemática, que no es nueva en el país, pero que se ha intensificado en la presidencia de Petro (probablemente porque han crecido las expectativas acerca de la adjudicación de tierras), plantea unos nuevos retos para las autoridades. Le interesa: Policía y ganaderos articulan contraofensiva para evitar invasiones
En primer lugar, porque no existen cifras únicas sobre el fenómeno y porque hay diferencias que se han ido haciendo evidentes sobre la manera de abordar el problema y la respuesta que se debe dar para enfrentar a los ocupantes.
De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en lo que va del año se han recibido 659 denuncias en total, de las cuales 124 corresponden al delito de usurpación de tierras.
Así mismo, desde enero se ha reportado la captura de 159 personas por el delito de usurpación de tierras y de 109 por invasión ilegal de tierras.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene cifras diferentes. La entidad ha identificado 108 casos de invasión de tierras, registradas en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, pero señala que cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo la ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional.
En ninguno de los dos casos, la información suministrada especifica cuáles casos de invasión permanecen activos y cuántos ya han sido superados.
Respecto de la respuesta de las autoridades, las distintas declaraciones de funcionarios del Gobierno y del Estado muestran contradicciones.
Aunque en un principio, los ministros de Agricultura, Cecilia López, y Defensa, Iván Velásquez, dieron un plazo perentorio de 48 horas para poner fin a las ocupaciones, Velásquez le restó luego fuerza al ultimátum al manifestar que después de las 48 horas era necesario contar con orden judicial para hacer el desalojo.
La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación por la falta de acción que los funcionarios de la entidad estaban percibiendo de parte de la Fuerza Pública. “Estamos observando que se están quedando quietos. No sabemos las razones. Necesitamos más rapidez y más eficiencia”, manifestó Cabello a BluRadio.
La otra discrepancia que se ha hecho visible es sobre el origen de las invasiones. Sobre este punto, la posición sostenida por el director de la Policía, general Henry Sanabria, dista de la presentada por el ministro Velásquez. Le interesa: 35 días del Gobierno de Petro: controversias y expectativa de cambio
Mientras que Sanabria aseguró que detrás de las invasiones de tierras están las mafias, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, Velásquez aseguró que la respuesta no podía ser tan contundente, pues se trataba solo de una hipótesis en proceso de verificación.
La procuradora general, Margarita Cabello, coincidió en cambio con la advertencia de Sanabria: “Esas ocupaciones indebidas o ilegales las están realizando una especie de mafias que vienen muy bien organizadas, y que mueven un grupo de personas que los hacen ver como requirentes de tierras o campesinos”.
Pero, de acuerdo con los registros de la Defensoría, solo 13 de los 108 casos reportados podrían tener vinculación con estructuras o grupos armados ilegales.
Para Camilo González, director de Indepaz, es mucha la confusión que existe sobre el tema de tierras, porque hay casos relacionados con predios que están en litigio desde hace muchos años, otros que son baldíos ocupados por campesinos que están en proceso de formalización, y otros más que son ocupados por indígenas que aseguran estarlos “recuperarlo”. Cada tipo de casos requiere tratamiento distinto.
Y, según reconocen los analistas, la falta de una posición clara de parte del Gobierno y la politización que se le ha dado al tema han agravado la situación. Lea aquí: Invasores de tierras se exponen a penas de hasta 144 meses de prisión
“Hay unos ánimos exacerbados y me parece que sí ha tenido que ver la llegada de este nuevo gobierno”, señaló Mauricio Jaramillo, analista político. Y agregó: “No vemos de parte de Iván Velásquez información concreta. Creo que no se tiene muy en claro cuál es la posición del Ministerio al respecto”.
