El proyecto de ley que viene preparando la Superintendencia de Transporte que busca dejar sin operación a las plataformas de transporte como Uber, DiDi, InDriver o Cabify no solo afectaría a los que trabajan a través de estas aplicaciones, sino que sancionaría a quienes las sigan utilizando para moverse.
Y es que, de acuerdo con el borrador de proyecto que dio a conocer el excongresista José Daniel López, ahora director ejecutivo Alianza In –la agremiación de las aplicaciones de transporte– quienes elijan seguir usando estas plataformas para moverse podrían pagar millonarias multas. Lea también: Indrive peligra: Gobierno busca acabar con plataformas de movilidad
“¿Qué pasa con la gente que se mueve usando apps? También llevan del bulto: multas de más de $10 millones. Y su derecho a elegir, borrado de un plumazo”, explicó López en su cuenta en Twitter, en la que explicó varios puntos que aparecen en el borrador de la propuesta que se discutirá en el Congreso.
(3/7) Estas personas no solo quedarían sin esta fuente de ingreso, que en muchos casos es la principal o la única. Además, les inmovilizarían el carro entre 1 y 3 meses (ver imagen).
— José Daniel López (@lopezjosedaniel) January 30, 2023
¡Y esto no es todo! pic.twitter.com/EQAdbpnsx0
El artículo 51 del borrador del proyecto de ley compartido por López señala que “serán sancionadas con multas de doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario (UVT) los contratantes del servicio que incurran en las siguientes infracciones: contratar el suministro de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas. La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”.
El mismo artículo explica que también incurrirán en sanciones económicas “los dueños de establecimientos de comercio que intermedien o que propicien el uso de servicios informales o ilegales de transporte por parte de los usuarios o clientes que acceden a los productos y servicios que se proporcionan a través del establecimiento”.
La iniciativa, que iniciará su trámite en la próxima legislatura, podría dejar sin empleo a cerca de 100.000 colombianos, de acuerdo con Alianza In, el gremio que López representa. Por eso, solo con la publicación del borrador, cientos de personas que dependen de esta actividad han salido a las calles a mostrar su rechazo por la propuesta de la Superintendencia de Transporte.
En Cali también se presentaron movilizaciones que terminaron en enfrentamientos entre conductores de aplicaciones y taxistas. En esa ciudad se vienen presentando confrontaciones constantes entre los dos gremios y los conductores del denominado transporte pirata. Lea también: Bloqueos: más de 74.000 habitantes del Urabá antioqueño sin gas
Tras las reacciones que ha tenido el borrador del proyecto, el Ministerio de Transporte indicó que su tarea es “velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley”.
IMPORTANTE | Es tarea del Ministerio de Transporte velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la Ley.
— MinTransporte (@MinTransporteCo) January 30, 2023
Agregó que, respecto a las plataformas, “trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar”, pero dejó claro que “será el Congreso de la República quien tenga la última palabra”.
