El Procurador General, Fernando Carrillo, indicó que la defensa de los derechos humanos y de los líderes sociales no puede estar en cuarentena ni en pausa como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado para prevenir la expansión del COVID-19, y que la justicia tiene que actuar con más fuerza para desmantelar a los grupos armados.
Así lo señaló el Jefe del Ministerio Público al instalar la Mesa por la Protección a la Vida, realizada virtualmente, en la que se evaluó la situación de riesgo que afrontan los líderes sociales en los territorios, por el confinamiento ordenado para prevenir la expansión del COVID-19.
“Esta crisis ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para llegar a los territorios. Los grupos armados han aprovechado esa precariedad y desprotección para tomar ventaja y violentar de forma masiva los derechos humanos”, señaló el jefe del Ministerio Público.
Además de esto, Carrillo Flórez destacó que el país está enfrentado a una conflictividad nueva, con repercusiones por el aislamiento social y por la ausencia de la fuerza pública en algunos territorios, lo que obliga a tomar acciones para enfrentar la muerte de los líderes sociales. “El COVID-19 no puede ser una excusa para que continúe la violencia o para quitarle recursos a la paz”.
Denunció que las cifras de líderes sociales asesinados no dejan de ser alarmantes. Entre enero y marzo ascienden a 84 los casos, 26 de ellos en Cauca y otros 24 corresponden a excombatientes, según cifras de la organización Ideas para la Paz.
Indicó que a menos presencia del Estado en los territorios es mayor la de los grupos armados, con más violaciones a los derechos humanos y atentados contra los líderes sociales.
Al finalizar la audiencia, el Procurador recalcó que falta un compromiso local a nivel de prevención, así como también se necesita implementar una estrategia de conectividad que esté a disposición de los líderes sociales, porque la primera herramienta que existe en este momento es tener una línea de comunicación con quien brinda la protección, y eso no se está dando en estos momentos.
“Estamos para defender la vida, honra y dignidad de los colombianos y creemos que en este momento de crisis hay que ser garantes de que esa voz se oiga, que en materia de defensa de derechos y de participación, quien tiene que seguir teniendo el protagonismo en Colombia son los líderes sociales, que todos tenemos la obligación de defender”, puntualizó.
En la audiencia intervinieron el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruíz Massiu, el Representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, el Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, Roberto Menéndez, el viceministro del Interior y Director encargado de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios.
