Un grupo de víctimas de detenciones arbitrarias de los Montes de María entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe ‘Que nos llamen inocentes’.

El informe describe las capturas masivas y arbitrarias que ocurrieron entre 1999 y 2005 como parte de las políticas de seguridad del Estado. Particularmente, aborda los casos de 29 personas que fueron acusadas injustificadamente de guerrilleras y enviadas a prisión sindicadas bajo el delito de rebelión.

A la mayoría de ellas les abrieron investigaciones penales, la mantuvieron un tiempo en la cárcel y luego las dejaron en libertad sin que se aclarara su situación jurídica. De acuerdo con el informe, en estos hechos estuvieron involucrados la Fuerza Pública y otros actores estatales como la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El documento revelado por la JEP detalla cómo ocurrieron estas capturas sistemáticas: las víctimas eran detenidas en sus viviendas, algunas sin orden judicial, por parte de autoridades que generalmente iban acompañadas de un particular que las señalaba. Luego las autoridades le entregaban a los medios de comunicación la información sobre las capturas, las supuestas causas, así como los nombres y fotografías de los acusados.

Añade el documento que varios medios regionales replicaron esta información sin contrastarla, lo que terminó generando más estigmatización.

Según el análisis, la mayoría de estas detenciones ocurrieron en el periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), que implementó la política de seguridad democrática.

Con la expedición del Decreto 2002 del 2002, la Presidencia estipuló medidas que vulneraron las garantías de procedimentos como capturas, registros y allanamientos, así como limitaciones a la circulación y residencia de los territorios que se encontraban en Rehabilitación y Consolidación, tal como lo era El Carmen de Bolívar.

Por ello, las víctimas le solicitaron a la JEP:

1- Esclarecer la naturaleza masiva, sistemática y generalizada de la grave violación a los derechos humanos que constituyeron las capturas arbitrarias en el territorio. Particularmente, en las zonas de rehabilitación y consolidación que se establecieron en Bolívar y Sucre.

2- Pedir el acceso a los archivos estatales que permitan romper el silencio y contribuir al derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de las detenciones arbitrarias.

3- Establecer las responsabilidades de la Fuerza Pública y otros actores estatales en la violación de la libertad de las víctimas de las capturas arbitrarias en El Carmen de Bolívar y otras zonas del país bajo la política de Seguridad Democrática.

4- Profundizar la descripción y el análisis de los impactos humanos y sociales que se dieron en la vida familiar y personal de las víctimas de las capturas arbitrarias.

5- Promover espacios nacionales, regionales y territoriales de esclarecimiento y justicia frente a las graves violaciones a la libertad que sufrieron las víctimas de las capturas arbitrarias.