La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior adelantar medidas de protección y prevención para el pueblo indígena Muina Murui, comunidad que se encuentra en Puerto Leguízamo, Putumayo.
La decisión de la sala busca evitar y prevenir violaciones a los Derechos Humanos de esta comunidad, luego de la alerta que realizó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), informando sobre la presencia de grupos armados ilegales en este territorio.
Según la UIA, “el contacto con la comunidad de Guaquirá en este momento es imposible. Su territorio ha sido minado, la señal de Internet y telefónica están afectadas, todo esto por el accionar de grupos armados ilegales”.
La JEP le ordenó específicamente a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), evaluar los riesgos y proceder a decretar una alerta para proteger a los cabildos indígenas del Putumayo.
Así mismo, decidió que la Defensoría del Pueblo Regional del Putumayo, en los términos de la Ley 24 de 1992, realice de manera inmediata los actos urgentes ante las autoridades civiles y militares, con el fin de que se activen los mecanismos de protección y prevención de la población en riesgo.
Los avances que se realicen en relación a la protección de la población indígena deberán ser demostrados de manera periódica y se deberá informar a la UIA sobre los procesos para mejorar las condiciones de los indígenas.
“Las autoridades con responsabilidades en materializar las obligaciones nacionales e internacionales contraídas por el Estado derivadas del “deber de prevención”, deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para la salvaguarda los derechos humanos de las comunidades en riesgo, así como aquellas que garanticen el ejercicio de las tareas misionales de todas las autoridades, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz”, dispuso la Sala.
En cuanto al Ministerio del Interior, la JEP mandó a que adopte los actos urgentes necesarios para proteger a los miembros de esta comunidad indígena.
Finalmente, la sala solicitó remitir la decisión a la Dirección de Fiscalías del Putumayo, para que, conforme a sus competencias, asuma la investigación penal correspondiente.
