<img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&amp;c2=31822668&amp;cv=2.0&amp;cj=1">

JEP imputa al general (r) Mario Montoya por 130 falsos positivos

Al uniformado, junto a ocho militares más, se les imputaron crímenes de guerra y lesa humanidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, a título de autor, crímenes de guerra y de lesa humanidad por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos durante su paso por la IV Brigada, en Medellín, entre 2002 y 2003.

Esa decisión se adelantó desde la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y fue anunciada por los magistrados Catalina Díaz y Hugo Tovar, relatores del caso 03; también estuvo presente la magistrada Julieta Lemaitre, vicepresidenta de la Sala. La imputación se da en el marco del Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño. Lea aquí: Ratifican expulsión de la JEP al general (r) Jesús Arias por no aportar la verdad

“La presión por “muertes en combate” fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general (r) Mario Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales”, concluyó el tribunal.

Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz. // JEP
Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz. // JEP

Así mismo, la Sala resaltó que la imputación también responde al encubrimiento de casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.

“La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente”, explicó la magistrada Díaz.

Junto al general (r) Mario Montoya, fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

“La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, indicó la JEP.

En el caso puntual de Montoya, la JEP determinó que mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc-EP y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza. Ahora, tendrá que responder si acepta su responsabilidad, de lo contrario podría enfrentar una pena de hasta 20 años.

En cuanto a los hechos que se le atribuyen a Montoya, la JEP pudo establecer que las unidades tácticas de la Brigada IV que comandaba Montoya asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en más de 16 municipios de Antioquia, entre ellos San Rafael, San Carlos, Granada y Cocorná.

Sobre las víctimas

Así mismo, de los 130 crímenes documentados, 53 se reportaron en 2002, mientras que 77 se registraron en 2003. De esas víctimas, 113 eran hombres, 11 niños, 5 mujeres, 4 niñas y 4 personas en condición de discapacidad.

De los 130 crímenes documentados, 53 personas se reportaron en el 2002 y 77 en el 2003. De las víctimas, 113 eran hombres, once niños, cinco eran mujeres y cuatro niñas. Además, tres víctimas se encontraban en condición de discapacidad.

La mayoría de las víctimas directas fueron hombres (86,9%) y las sobrevivientes son, en gran proporción mujeres (76.5%). De los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 fueron además personas desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas.

En el marco de las investigaciones judiciales en la justicia ordinaria, se pudo establecer la identidad de algunas de las víctimas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, la Sala encontró que 25 víctimas permanecen sin identificar.

Reviva aquí la audiencia de imputación.

¿Qué sigue?

Tras ser notificados, los nueve imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias serán preparadas y desarrolladas con participación de las víctimas. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.

Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

Más noticias