El proyecto de Hidroituango se está convirtiendo en una verdadera papa caliente y por eso se ha convocado hoy a las 3 de la tarde una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño para tratar de encontrarle una solución al momento tan crítico que vive el proyecto.
Si bien el presidente Iván Duque apenas estará llegando de su viaje de Estados Unidos, su equipo de trabajo se reunirá con el contralor Carlos Felipe Córdoba, la procuradora Margarita Cabello, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, así como representantes de las firmas aseguradoras del proyecto. Por parte del Gobierno Nacional están citados el ministro de Minas, Diego Mesa; el secretario Jurídico, Germán Quintero; y el consejero Juan Emilio Posada.
El propósito es uno solo: ver cómo pueden llegar a algún tipo de acuerdo para evitar que los problemas jurídicos terminen afectando seriamente el desarrollo del proyecto que producirá el 17% de la energía del país.
Como se ha dicho ya, faltan 79 días para que se venza el contrato con el consorcio constructor de Hidroituango y a EPM se le está acabando el tiempo para decidir qué hacer: si mantiene al consorcio constructor o lo cambia por otro.
El fallo de primera instancia de la Contraloría dejó en vilo al consorcio constructor y mientras no se revoque ese fallo o no se ratifique en segunda instancia, no es fácil para EPM tomar una decisión.
En teoría EPM tiene hasta el 31 de diciembre para decidir si cambia o no a los constructores, pero tratándose de un contrato de esta magnitud ya prácticamente se le agotó el tiempo para elegir el remplazo, hacer todo el papeleo del contrato, y comenzar a implementar el empalme entre el saliente y el entrante, por mencionar solo los asuntos más gruesos. Esos procesos, en el mejor de los casos se pueden tomar un año.
EPM ya puso en práctica el Plan B, e invitó a 36 empresas a visitar el proyecto para ver cuál de ellas se anima a terminar la obra a la que le falta por ejecutar 4,5 billones de pesos (aunque EPM acaba de hacer una actualización y dice que por el alza de los precios serían 2 billones más, para un total de 6 billones de pesos).
Sin embargo, la empresa que parecía ser la más opcionada, la china Sinohydro ahora está en entredicho, y fuentes de entero crédito dicen que está ya descartada. Si bien desde hace más de un año estaba recibiendo información de manera confidencial sobre del proyecto por parte de EPM, luego de que se reveló que Sinohydro estuvo en Hidroituango comenzaron a aparecer serios cuestionamientos sobre su desempeño en la construcción de una hidroeléctrica en Ecuador e incluso sobre haber estado tres años en la lista negra del Banco Mundial.
Difícilmente otra empresa tendría la capacidad de medírsele a ese desafío. La otra posibilidad que han puesto sobre el tapete es que Camargo Correa Infra Projectos asuma la terminación de la hidroeléctrica. Esta brasilera es una de las tres firmas que integran hoy el consorcio que construye Hidroituango, las otras dos son Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Pero la brasilera tiene una particularidad y es que no está enredada en el proceso en la Contraloría, porque si bien al principio del consorcio estuvo como “Camargo Correa”, desde 2018, incluso después de la contingencia, se cambió en Colombia a “Camargo Correa Infra Projectos”. Lo que en un momento se criticó como una jugada de la brasilera para zafarse de la responsabilidad fiscal, pero que ellos han explicado que fue producto de un proceso de restructuración obligado de la empresa, ahora parece ser una posibilidad para poder darle una solución al proyecto de Hidroituango.
Quienes invocan esta salida consideran que se podría hacer un empalme más fácil y se evitarían nuevos riesgos. En EPM no les parece descabellada, pero podría no ser del agrado del alcalde Daniel Quintero porque él planteó una pelea en duros términos con el anterior gerente Álvaro Guillermo Rendón, precisamente por ese cambio que en su momento hizo Camargo Correa.
La otra carta que se pondrá sobre la mesa es que entre las aseguradoras y EPM se dé garantías de que se podrán recuperar los recursos en los que la Contraloría tasó el detrimento patrimonial. Habría una posibilidad de que si a la Contraloría le dan la garantía de de que la plata en la que se tasó el detrimento (4,3 billones de pesos) la paga la aseguradora, el proceso fiscal podría o suspenderse o matizarse de manera que la Hidroeléctrica pueda terminarse sin mayores contratiempos.
