Aunque estaba citado en la tarde de este martes, Juan Fernando Petro decidió llegar temprano al Búnker de la Fiscalía para declarar sobre las denuncias que se han conocido sobre supuesta venta de cupos para que narcotraficantes ingresen como colados a la ‘Paz Total’.
“El motivo de la diligencia fue tratar de esclarecer lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación, toda vez que se ha utilizado el nombre del Juan Fernando Petro, para propósitos diferentes al ejercicio que el viene desarrollando”, dijo el abogado Juan José Palacios.
En este sentido el abogado de Petro dijo que el hermano del presidente es víctima y que no conoce el nombre de ningún involucrado en las supuestas negociaciones con narcotraficantes. “Por eso en la apertura de la investigación se constituye como víctima. El más interesado que esto se esclarezca es él”.
Esta citación había sido anunciada el pasado 30 de enero por el fiscal general, Francisco Barbosa, luego de una reunión de más de dos horas con el presidente, Gustavo Petro, y se logró tras varios intentos fallidos. Lea: Fiscalía vuelve a citar al hermano del presidente Petro, tras dos intentos
El 30 de enero un fiscal especializado adscrito al CTI expidió órdenes a Policía Judicial para obtener declaraciones juradas, por lo que se enviaron correos electrónicos e incluso se hicieron llamadas, pero en ese momento no hubo respuesta.
“Se realizaron continuas llamadas a tres números de celular del señor Juan Fernando Petro Urrego para concertar con él su declaración, pero no fueron atendidas las llamadas”, explicó el ente acusador en su momento.
“El mismo alto comisionado, en la entrevista, señaló que él había recibido informaciones de personas que estaban tratando de engañar el proyecto de la Paz Total, o que estaban haciendo negocios con ella. Todos esos elementos son fundamentales para determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo el fiscal durante una rueda de prensa.
El caso está relacionado con las denuncias que se han conocido sobre la supuesta de venta de cupos hasta por un millón de dólares a narcotraficantes para que sean parte de la ‘paz total’. En particular se ha mencionado una red de abogados y organizaciones que estarían pagando sumas de dinero para conseguir beneficios.
De hecho, hace pocos días y a través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para La Paz anunció que interpuso una denuncia penal por estos hechos.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, dice el comunicado.
