El Gobierno en cabeza del ministro de Transporte, Guillermo Reyes denunció penalmente a la aerolínea Viva Air por los delitos de estafa agravada en modalidad masiva, maniobra engañosa y fraudulenta, como respuesta al intempestivo cierre de sus operaciones el pasado 28 de febrero el cual ha generado traumatismos y perjuicios a miles de colombianos que a la fecha continúan presentando inconvenientes para movilizarse.
“Nos indigna como gobierno lo que ocurrió porque se violentan los derechos de los usuarios pasajeros y agencias de viaje. Eso nos ha llevado a tomar esta decisión”, señaló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien hizo el anuncio en frente del búnker de la Fiscalía.
Según lo anunciado por el jefe de la cartera de transporte, es una medida que se venía analizando desde hace 15 días, tras la crisis generada por la suspensión intempestiva de operaciones de la compañía.
Según el ministro, la decisión se tomó, entre otras razones, porque: “la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende de manera preliminar a los 272 mil millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiquetes y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes”.Lea aquí: Presidente de Viva Air habla sobre crisis de la aerolínea
Otro de los puntos que según el ministro Reyes pesan en esta demanda es relacionado con la integración que viene adelantando la compañía desde al año pasado, “desde el 8 de agosto del año anterior Viva se encuentra adelantando el trámite de integración con Avianca que por lo que hemos podido conocer había comenzado meses atrás”
Por lo tanto, el Gobierno no descarta que la actuación de Viva haya tenido como objetivo presionar indebidamente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás. Lea aquí: ‘Efecto Viva’ deja ‘volando’ $8.000 millones de las agencias de viaje
Así mismo, en algunos archivos de Excel enviados por Viva Air quedó en evidencia que para los días 2 y 3 de febrero de este año, previo al cierre de su operación a nivel nacional, los servicios de transporte o tiquetes aéreos pagados que no fueron prestados por la aerolínea debido al cierre parcial de la base de Cali ascienden 4,312 millones de pesos.
De acuerdo con el penalista José Gregorio Beltrán, el delito de estafa agravada en modalidad masiva está relacionado con la vulneración del patrimonio económico de los ciudadanos de manera reiterada, conducta que podría contemplar penas de prisión de 15 a 20 años.