Uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para llevar internet gratis a varias regiones del país fue adjudicado por segunda vez este miércoles a nuevos contratistas en reemplazo de Centros Poblados, que a la fecha sigue sin responder por los 70.000 millones de pesos del pago adelantado. Lea: Mintic adjudicó a ETB nuevo contrato que reemplaza a Centros Poblados
El nuevo contrato, que se firmará oficialmente este jueves, fue entregado a la unión temporal Colombia Conecta, conformado por empresas ETB y SkyNet, los segundos preferentes en la competencia por el millonario contrato en el proceso licitatorio del año 2020.
El MinTIC sacará de la chequera otros 70.000 millones de pesos, como pago de anticipo, para contratar la construcción de los centros digitales que no entregó la unión temporal Centros Poblados.
El valor total del nuevo convenio es igual, por 1,07 billones de pesos para la construcción a un plazo de diez años de 6.589 centros digitales en 567 municipios de 15 departamentos y del Distrito de Bogotá.
El compromiso que el gobierno firmará este jueves con ETB y SkyNet tienen el objetivo de garantizar al 2032 el servicio público de internet gratis a la población beneficiada en Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá, correspondientes a la región B.
Al respecto, la Ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, afirmó que el proceso de adjudicación del contrato a ETB y SkyNet fue un proceso “técnico, riguroso, diligente y acorde a la ley” luego que el ministerio realizará la liquidación del contrato celebrado con la unión temporal Centros Poblados.
“Es un hecho que marca la historia en el país porque sin importar los gobiernos salientes y entrantes se está llevando conectividad a todos los colombianos”, dijo la ministra, quien advirtió que los nuevos contratistas tendrán que entregar los primeros 1.545 centros digitales a partir de diciembre de 2022.
De no esperarse menos, en la audiencia pública de adjudicación a la Unión temporal de ETB y SkyNet, llevada a cabo este miércoles en Bogotá, veedores ciudadanos presentaron cuestionamientos por la transparencia del proceso. “La ETB también participó en el carrusel, su presidente fue el doctor Federico Gaviria, casi igual de poderoso que Emilio Tapias”, señaló el presidente de la veeduría ciudadana Bien Común, quien solicitó revocatoria directa del proceso de adjudicación.
Por su parte, el apoderado de la Unión Temporal de ETB y SkyNet manifestó su oposición en calidad de beneficiario de la adjudicación por cuanto en su opinión, no se dan las condiciones de ley para hacer proceder la revocatoria.
Frente a la solicitud, la Secretaría General del MinTic resolvió negar la solicitud de revocatoria del proceso de adjudicación dado que “el peticionario no invocó las causales que considera aplicables, no las sustentó, ni demostró los supuestos fácticos ni jurídicos que hay harían procedente la revocatoria”.
CASO DE CORRUPCIÓN
Aunque con el nuevo convenio el anhelo de garantizar internet en zonas rurales del país parece retomar el camino, el capítulo del fallecido contrato con Centros Poblados no termina. Casi un año después de que se conocieran las irregularidades con esta unión temporal, gracias a investigaciones periodísticas, los 70.000 millones de pesos siguen perdidos.
La Ministra Valderrama, quien asumió la cartera desde enero de este año luego de la renuncia de la ministra Karen Abudinen, afirmó que a través de cobro coactivo avanzan en el proceso para recuperar el anticipo más de 70 mil millones de pesos que habían sido pagados al contratista pero que no se utilizaron debidamente.
“Hemos avanzado en los embargos de inmuebles, vehículos y sumas de dinero de los miembros de la unión temporal Centros Poblados, al tiempo que avanzan los procesos constitucional, penal, disciplinario y fiscal”, dijo Valderrama.
Sobre el proceso penal, justamente este mismo miércoles la Fiscalía General de la Nación imputó al empresario Emilio Tapia, también responsable por el carrusel de la contratación, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, conductas cometidas en cabeza de Tapia para crear de manera irregular la unión temporal Centros Poblados con el objetivo de quedarse con el contrato por más de un billón de pesos.
Tapia, quien no aceptó cargos, habría ofrecido dineros a otras empresas para que de manera ficticia conforman Centros Poblados con el único objetivo de cumplir los requisitos para lograr la adjudicación de la licitación.
