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Fiscalía imputará y pedirá detención del gobernador Carlos Caicedo

El gobernador de Magdalena es investigado por irregularidades en tres contratos de obras de infraestructura para el departamento.

La Fiscalía General de la Nación, en el marco del denominado caso ‘Robo de Magdalena’, imputará cargos al actual gobernador del departamento, Carlos Caicedo Omar, y a los exmandatarios Miguel Cotes y Rosa Cotes, por actos de corrupción en distintos contratos realizados en el departamento entre 2013 y 2019. Lea aquí: “No tomo decisiones apresuradas”: fiscal Barbosa responde a Mindefensa

De acuerdo con la Fiscalía, hay abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos”.

Se identificaron además irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos.

Una de las diligencias será contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych; dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga; y tres en contra del exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Caicedo.

Casos Caicedo

El exalcalde de Santa Marta y actual gobernador deberá responder a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.

Se le investiga por posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del “30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. Le puede interesar: Procuraduría desestima investigación en contra de Caicedo por la Megabiblioteca

El proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

Por este caso, la Fiscalía imputará a Caicedo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Otro caso es que el 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. Será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

El tercer caso es se identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos.

Los otros procesados

A Luis Miguel Cotes, se le investiga por el contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

A Rosa Cotes de Zúñiga, por celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor. Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos.

Los dos serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.

A Cotes de Zúñiga, también se le investiga porque tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.

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