Tras una reunión entre el fiscal General Francisco Barbosa y los directores seccionales del país, producto de la difícil situación de orden público que se presentó a lo largo del paro nacional. Estos tomaron algunas medidas para esclarecer varios hechos y judicializar a los responsables.
Entre estas medidas el ente acusador anunció que se adelantan las investigaciones para recaudar el material probatorio y esclarecer la muerte de siete personas que, presuntamente habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro Nacional. De los cuales cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali, uno en Soacha (Cundinamarca) y otro, en Ibagué (Tolima).
También informó que con el objetivo de recopilar información sobre los diferentes hechos que se presentaron, se dispusieron de patrullas móviles de investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes acuden a clínicas y hospitales para recibir denuncias de las personas que hayan sido lesionadas en el marco de los disturbios.
En relación con los hechos ocurridos en Cali, anunció que se designaron dos fiscales para investigar los homicidios, una para agresiones a servidores públicos, y 17 fiscales para atender en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), las denuncias de la ciudadanía relacionadas con hurtos, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno.
Por su parte en Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con un equipo destacado de fiscales que trabajan en un plan piloto para determinar si los homicidios que se presentan en este período están relacionados o no con las manifestaciones.
De igual manera se reportó la destrucción de 167 buses vandalizados, 87 afectaciones a Sistemas de Transporte Masivo, nueve quemas de vehículos, 149 daños a inmuebles, 22 CAI vandalizados, 8 sedes de la Fiscalía afectadas, 136 disturbios., 269 bloqueos de vías y 278 personas capturados, de los cuales 83 ya cuentan con imputación de cargos.