Este viernes, en el marco de la reanudación del proceso en contra del excomisionado Nacional de Paz Luis Carlos Restrepo por las supuestas anomalías en la desmovilización del bloque ‘Cacica La Gaitana’ de las extintas Farc, en 2006, la Fiscalía denunció que se están presentando dilaciones que pueden llevar a la preclusión del proceso.
Lo anterior, de acuerdo con lo expuesto por el ente de investigación, porque los abogados de la Defensoría han impedido el inicio del juicio. La audiencia continuará el 29 enero a las 8 de la mañana.
Esta reanudación se realizó sin la presencia de Restrepo, pues el exfuncionario salió del país hace diez años sin que se conozca su paradero.
Tanto Restrepo como otros seis vinculados al proceso están siendo acusados de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, y tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado.
Los otros acusados son los coroneles Jaime Joaquín Ariza y Hugo Castellanos, los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco, y Alejandro Salazar Pacheco, alias ‘Biófilo’.
Según la investigación de la Fiscalía General, durante la supuesta desmovilización en Alvarado, Tolima, el 7 de marzo de 2006, transportaron a personas que no eran guerrilleros hacia el lugar del supuesto proceso de entrega de armas.
OTROS PROCESOS
A través de la Dirección de Justicia Transicional la Fiscalía reveló que contra Restrepo se adelantan tres investigaciones más, por las cuales se han impuesto medidas de aseguramiento en su contra.
La primera fue impuesta el 30 de agosto de 2021 y está relacionada con presuntas irregularidades en la dejación de armas del ‘bloque Tolima’ de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 22 de octubre de 2005, en la hacienda Tau Tau, ubicada en la vereda Tajomedio de Ambalema (Tolima).
De acuerdo con las indagaciones, Restrepo Ramírez habría aceptado la desmovilización a pesar de que, al parecer, conocía que algunas personas no hacían parte de la estructura paramilitar.
En este caso se le investiga por los delitos de prevaricato por acción agravado, fraude procesal y peculado por apropiación agravada. En este caso tiene vigente una orden de captura y notificación roja de Interpol.
En el segundo proceso que se le sigue, se le sindica de haber dado instrucciones al comandante del ‘bloque Catatumbo’ de las AUC de no entregar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado al momento de la desmovilización, que se realizó en diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander). Por el contrario, los menores habrían sido entregados directamente a las familias. Por estos hechos se le sindica de los delitos de prevaricato por acción agravado y fraude procesal.
Por lo anterior el 13 de octubre de 2021 se le impuso medida de aseguramiento carcelaria y se libró en su contra una orden de captura con circular roja de Interpol.
Reciba noticias de El Universal desde Google News La tercera medida de aseguramiento se resolvió el 21 de diciembre de 2021 por presuntas irregularidades en la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, que se realizó el 12 y 30 de abril de 2006 y el 15 de agosto de ese mismo año, donde el entonces funcionario habría dado instrucciones de no entregar a los menores de edad que hacían parte de esa estructura al ICBF, sino directamente a sus familias, por lo cual se consideró una vulneración a la protección de los niños y niñas víctimas del conflicto.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y libró orden de captura en su contra por su posible responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción agravado, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
