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Firman protocolo que activa monitoreo de las sanciones propias de la JEP

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las sanciones propias, que tienen el más alto componente reparador y restaurador en la entidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Misión de la ONU firmaron este martes en Bogotá el protocolo que activa el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, que impondrá la JEP a los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad plena, exhaustiva y detallada.

“La firma de este protocolo vigoriza y optimiza la cooperación entre la misión y la JEP, y esto marca también el inicio oficial de tareas coordinadas para la verificación del cumplimiento de las sanciones propias”, dijo durante la firma Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Este tipo de sanciones no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, que deben ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias facilitará la articulación a nivel nacional, regional y local de tres componentes independientes y autónomos, cada uno en el ámbito de sus competencias, que buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones para la implementación de esta clase de sanciones con los más altos estándares reparadores y restauradores: La Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Entre las funciones de este mecanismo estarán intercambiar información en el marco del monitoreo y verificación de las sanciones; articular sus acciones con actores externos nacionales, territoriales e internacionales relacionados con el monitoreo, así como con las diferentes autoridades gubernamentales e instituciones representativas de las comunidades; articular acciones con las autoridades tradicionales o instituciones representativas de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, Rrom y prevenir dificultades e identificar los desafíos de la implementación de las sanciones.




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