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Falsos positivos fueron parte de una política de Gobierno: Valencia

Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, aseguró que así se establecerá en el informe final de la entidad.

Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, aseguró, durante un acto con las víctimas en Soacha, que el informe final de la entidad afirmará que los ‘falsos positivos’ durante el Gobierno Uribe, entre 2002 y 2008, fueron parte de una política de Gobierno.

“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008, se cometieron como parte de una política de Gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, explicó el comisionado Valencia.

Otros de los hallazgos que se detallarán en el informe final, según el comisionado, son: que hubo una estructura institucional que permitió y creó el modus operandi de esta práctica; que aunque el Ejército fue el principal responsable de estos hechos, hubo otros actores estatales que participaron, como el Gaula, la Armada, el DAS, la Justicia Penal Militar y el Consejo Nacional de la Judicatura, pero también entidades no estatales como empresas multinacionales y Grupos Paramilitares.

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En el informe también se detallará, según el comisionado Valencia, que las víctimas eran previamente seleccionadas aprovechando su condición de vulnerabilidad y que en la operación ilegal participaron efectivos de todos los rangos de la fuerza, con malversación de fondos para financiar esta práctica criminal.

También el informe explicará que los ‘falsos positivos’ han ocurrido desde los años 80 en el país. “Esta dinámica estuvo asociada contra quienes se consideraron la base civil de la guerrillas, personas relacionadas con ideas de izquierda y reivindicación de derechos y tanto la Policía y el Ejército estuvieron involucrados en hechos de esta naturaleza”.

Los últimos puntos que estarán dentro del informe es que el Gobierno no tuvo en cuenta las alertas internacionales sobre lo que estaba pasando y hubo cooperación directa entre 2002 y 2006 para que los ‘falsos positivos’ se pudieran llevar en cooperación con los paramilitares.




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