La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz, compuesta por el Cinep y el Cerac, publicó su cuarto informe de verificación de la implementación del componente de género en el acuerdo de paz.
El informe analiza el periodo comprendido entre el primero de junio de 2019 y el 31 de agosto de 2020 y determina, de manera especial, que se debe fortalecer la visibilización y atención a grupos con mayor vulnerabilidad, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, así como mujeres y población LGBTI.
“La categoría género se ha malentendido al asumirla como sinónimo de mujer. Es importante, entonces, considerar la situación de la población LGBTI por su histórica invisibilización y marginación, al punto de que ni el Plan Marco de Implementación –PMI– ni las entidades competentes, incluyen este grupo social dentro de sus indicadores y estadísticas”, denuncia el componente de verificación.
El informe denuncia que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, encargada de establecer los lineamientos para la aplicación del enfoque de género en todo el Estado, no ha definido tales lineamientos, lo que puede estar causando distintas interpretaciones sobre el cumplimiento del enfoque de género a nivel territorial.
Aseguran que la pandemia del covid-19 ha llevado al gobierno a concentrarse en la atención de la emergencia, lo que puede generar una suspensión de las actividades del Acuerdo Final.
Además, resaltan que las mujeres, especialmente las del mundo rural, han llevado las mayores implicaciones de la crisis debido a la intensificación de las labores del hogar, haciéndose urgente la aplicación de los puntos del acuerdo para aliviar la precarización de las mujeres.
En cuanto a los avances y deudas en el punto uno del Acuerdo de Paz, referente a la Reforma Rural Integral, el informe destaca que se están priorizando las solicitudes de las mujeres para acceder al Fondo de Tierras.
Sin embargo, el informe señala que las mujeres son el 30% de los beneficiarios de la adjudicación directa de tierras, frente al 70% de beneficiarios hombres, por lo que instan a fortalecer la adjudicación de tierras a las mujeres campesinas, lo que les permita generar mayores ingresos y contar con independencia económica.
La Secretaría asegura que si bien se ha ampliado la implementación del punto rural y la inclusión de las mujeres en estos puntos, este aún es muy limitado. “A pesar de los avances en la entrega de subsidios integrales, la formalización de predios y de la participación de mujeres en talleres y reuniones, a la fecha se han entregado muy pocas hectáreas del Fondo de Tierras, la adjudicación directa ha sido insuficiente y no se han entregado créditos especiales para la compra de tierras”, concluye.
Respecto al segundo punto, referente a las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la participación ciudadana, la revisión determinó que no hay avances en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que debe contener medidas especiales para las mujeres y la población LGBTI.
Aunque se reconoce el avance en la incorporación del enfoque de género en el Sistema de Alertas Tempranas y la incidencia de las organizaciones de mujeres en este punto, aún falta ofrecer garantías reales de seguridad a las mujeres.
“Se requieren medidas urgentes para enfrentar la persistencia de los asesinatos y amenazas contra personas LGBTI y mujeres lideresas y defensoras de DD. HH.”, es el llamado de la Secretaría, que enfatiza en la necesidad de construir políticas para las comunidades LBGTI, quienes enfrentan riesgos particulares debido a la visión de masculinidad de los grupos armados ilegales.
En cuanto al punto número tres, referente a la reincorporación de los excombatientes de la extinta guerrilla, el informe determina que hay una baja participación de las mujeres en los proyectos productivos ya aprobados para avanzar en el tránsito a la vida civil, pues sólo el 28,4% de los proyectos colectivos y sólo el 21% de los proyectos individuales corresponden a mujeres.
“Estas cifras evidencian la baja participación de las mujeres en los proyectos productivos ya aprobados, y la necesidad de seguir fortaleciendo estrategias que permitan ampliar la participación en espacios de toma de decisiones y entornos productivos”, afirma el informe.
También aseguran que persisten muchas dificultades para las mujeres en los procesos de reincorporación como lo son situaciones de violencia doméstica en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, falta de avances en la construcción de las guarderías, atención en salud sexual y reproductiva y barreras de acceso para la formación, pues solo la mitad de las excombatientes han accedido a formación académica.
En términos de reincorporación política, se destaca la participación de 117 candidatas mujeres inscritas en las elecciones locales y la elección de la senadora Sandra Ramírez del Partido FARC como segunda vicepresidenta del Senado.
“En materia de seguridad, si bien el asesinato de excombatientes se presenta principalmente en hombres, la ST resalta la importancia de visibilizar la afectación diferenciada que sufren las mujeres en proceso de reincorporación por ser mujeres, haber sido guerrilleras y retornar mayoritariamente a los roles de género tradicionales”, es otro de los llamados del informe.
En el punto cuatro, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, la Secretaría determinó que son más los vacíos que los avances, pues aunque se ha avanzado en el protocolo para la incorporación del enfoque de género, este no se ha materializado en acciones concretas que impacten en las mujeres cultivadoras y en las poblaciones étnicas y LGBTI.
En el quinto punto, que corresponde a las víctimas de violencia sexual en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se reconoce que “el Sistema ha avanzado en acciones para atender y reparar a las víctimas de violencia sexual”, pero hace cuatro recomendaciones especiales.
La primera, que la Comisión de la Verdad refuerce su actuación en visibilizar la violencia sexual contra los hombres y las personas de todos los géneros al interior de las fuerzas armadas. En segundo lugar, que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas profundice en la desaparición de mujeres y población LGBTI.
En tercer lugar, pide a la JEP que avance en la investigación de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco de los reclutamientos forzados y que abra un macro caso específico sobre violencia sexual. Por último, pide que se den a conocer las medidas que se están tomando para abordar la violencia sexual.
En cuanto al último punto del Acuerdo Final, correspondiente a la implementación, verificación y refrendación, la Secretaría destacó la creación y acción de la Alta Instancia de Género del Gobierno, pero hizo un especial llamado a incluir el enfoque de género en el presupuesto para la paz.
La Secretaría estableció finalmente que en lo que va de la implementación del acuerdo de paz se ha logrado avanzar en el marco normativo a través de la implementación de los derechos de las mujeres en las leyes, pero existe aún un déficit en las políticas que propongan acciones concretas para lograr la equidad de género por medio del acuerdo de paz.
