En la audiencia del proceso disciplinario contra varios funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic), por el reconocido contrato con Centros Poblados, compareció a audiencia de prueba testimonial de la Procuraduría, Emilio Tapia, desde la cárcel Picaleña en Ibagué. Lea: Centros Poblados: imputan nuevamente a cuatro presuntos involucrados
Tapia contó cómo fue convocado a hacer parte de este contrato de esa unión temporal que se quedaría luego con el anticipo de 70.000 millones de pesos, y cuyo objeto contractual era ejecutar el proyecto de centros digitales en la planeación, instalación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet, que beneficiaría a varios colegios de zonas apartadas.
Dentro del testimonio, Tapia contó que desde el momento en que salieron los prepliegos del contrato, fue contactado por el señor Juan Carlos Cáceres quien le comentó sobre el proyecto y le propone estructurar una unión temporal y posteriormente presentar la propuesta ante el ministerio.
“Yo estuve lejano inicialmente del tema precontractual y él estuvo al frente de toda la información. De mí, necesitaba las empresas con soporte financiero, ya que él tenía una fundación que no le servía para tal fin”, dijo Tapia.
Efectivamente se presentó la propuesta y resultaron adjudicatarios del proyecto. “Yo aporté dos empresas de cuatro. Las otras las pusieron Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres. El contrato finalmente fue adjudicatario en la unión temporal centros poblados”, comentó.
Tapia agregó que Juan José Laverde fue el encargado de tramitar las pólizas de cumplimiento del contrato. “Juan José Laverde se había comprometido en que si el contrato había sido adjudicatario a través de una garantía que consiguió con su socio y cliente Jorge Molina, él se encargaba de conseguir las pólizas de cumplimiento en ese sentido me quedé tranquilo porque era la agencia de seguros que siempre tramitaba las pólizas al grupo de empresas nuestro”.
“Faltando unos días para que se venciera el plazo de presentación de estas pólizas de cumplimiento, el señor Laverde me informa que está preocupado porque no ha podido conseguir las pólizas, diciendo que estaba complejo (...) Laverde me dice que está muy preocupado porque no las ha conseguido por lo que le pregunté qué otras opciones habían. Y me dice que la opción que se le ocurre es hablar con Molina para conseguir garantías bancarias para sustituir las pólizas pero que iba a salir mucho más costoso”.
Tramitaron las garantías a través del banco Itaú y en dos meses posteriores se comprometieron en expedir las pólizas de cumplimiento. “Juan Carlos estaba muy angustiado para que el señor Molina le diera respuesta si era posible el tema de las garantías. Me dice que está preocupado porque hay una ‘zona gris’ en la consecución de las garantías si hacen exigible la garantía de seriedad de oferta” Se refería a ‘zona gris’ porque las garantías deben pasar por distintos comités dentro del banco, y con el fin de que se le diera celeridad, se hicieron menos.
Reciba noticias de El Universal desde Google News “Entiendo que se hizo un Comité en vez de tres y que había que participarles a los funcionarios del banco los honorarios que Molina había pedido para darle celeridad a las garantías”, apuntó.
El negocio por el valor de las garantías bancarias fue por 3.800 millones de pesos, luego un descuento porque estaban incluidos los honorarios que Jorge Molina pedía luego de legalizar el contrato. En el acuerdo esta que se le daban 2800 millones de pesos y luego se le abrían otros espacios en otros temas para subcontratar temas que tuviera que ver con obras civiles.
En febrero de este año la Fiscalía le imputó cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación a cuatro personas vinculadas en el escándalo de la unión temporal centros poblados y el Ministerio de las Tic, entre ellos está Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres señalados de desviar irregularmente el dinero del anticipo que les entregó el ministerio para conectar internet a escuelas de 16 departamentos del país.
