La Procuraduría General terció en la polémica sobre el metro de Bogotá y determinó que hacer una parte subterránea del proyecto traería sobrecostos. Por lo tanto, el Ministerio Público pide que haya diligencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.
Los pronunciamientos se dan justo después de que el ente de control solicitara los documentos para sustentar esas modificaciones que alega el presidente Petro para el metro. En ese sentido, la procuradora Margarita Cabello pidió que se dieran a conocer los análisis que habrían realizado como base de los cambios propuestos para las obras de construcción. Lea: “Bogotá no se merece maltratos ni chantajes”: Claudia López a Petro, él le responde
Sin embargo, en una carta al gerente del proyecto, José Leonidas Narváez, la Procuraduría señala que “no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad” y que tampoco se ha explicado, de manera amplia, “que las modificaciones propuestas no crearan alteraciones al objetivo original del proyecto”.
En su comunicación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública indica que las modificaciones que se le hagan al contrato de concesión N° 163 de 2019 para la construcción de la primera línea del metro deben estar justificadas en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, así como el análisis de los riesgos asociados y la forma de mitigarlos. Lea: Petro y Duque tuvieron nuevo “encontrón” en Twitter por el metro de Bogotá
Procuraduría.
También llaman la atención a tener en cuenta sobre la fluctuación del precio del dólar, las demoras en la ejecución del proyecto y el posible detrimento patrimonial por los dineros invertidos hasta el momento en estudios y diseños, adquisición de predios y traslado de redes, entre otros.
Por último dice que “invertir más recursos en un contrato suscrito y sin que a la fecha se haya presentado ninguna eventualidad que así lo justifique podría acarrear una transgresión a la moralidad administrativa, y a los principios y fines de la contratación estatal”.
