En medio de un ambiente tenso por los relatos y declaraciones que se entregaron en el inicio de la audiencia pública de reconocimiento que adelanta la JEP en Ocaña, Norte de Santander, este miércoles continuó la segunda jornada con los asesinatos de jóvenes de otras regiones, que fueron engañados para viajar al Catatumbo y ser presentados como bajas en combate. Lea: Duque pide no generalizar conductas de particulares de las FF. MM.
En esta segunda modalidad macrocriminal fueron protagonistas las madres de Soacha, quienes perdieron a sus hijos en medio de estas conductas aceptadas por los exmilitares, en busca de esclarecer las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en esta zona del país.
El relato de los victimarios
El suboficial Sandro Mauricio Pérez, Sargento Segundo durante la época de los hechos, aceptó su responsabilidad en los hechos que ocurrieron en el Catatumbo. El exmilitar describió la manera cómo fue presionado por los altos mandos y cómo presionó a sus subalternos para lograr el cometido.
“Hoy acepto ante ustedes, ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos, pero que en realidad eran asesinatos que se cometieron contra seres humanos inocentes que no tenían ningún vinculo con ningún grupo al margen de la ley”, dijo Pérez con la voz temblorosa. Lea: “Eran jóvenes inocentes”: sargento (r) sobre víctimas de ‘falsos positivos’
El suboficial retirado confesó públicamente que como parte de la estrategia le quitó los documentos a los jóvenes que eran asesinados, para que fueran reportados como N.N. Y fuera mucho más difícil su identificación y la búsqueda por parte de sus familiares.
“Ante la falta de resultados operacionales yo hago una oferta criminal y hago contacto con estas personas civiles que vivían en Soacha, planeé cómo llegaba cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y cómo se debían comprar los pasajes para que ellos llegaran hasta acá, planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, fueran entregados como asesinados y reportados como un muerto en combate, fueron asesinatos a sangre fría” , declaró Pérez.
En medio de su declaración, el suboficial sacó una flor de su bolsillo, que le había dado doña Flor Hernández y que representaba a su hijo, y con mano temblorosa la levantó y se dirigió a ella: “Puede que esto no valga mucho para quienes nos están viendo, pero para usted yo entendí que aquí está reflejado su dolor y la responsabilidad que yo tengo por quitarle la vida a su hijo”, expresó.
Ante las emotivas reacciones de algunas madres de las víctimas por las fuertes y desgarradoras declaraciones del suboficial Pérez, la presidenta delgada de la sala, la magistrada Catalina Díaz, ordenó un receso de 15 minutos para bajar la tensión del auditorio. Lea: Falsos positivos: militares admiten en JEP que ejecutaron a inocentes
“Sin lugar a dudas la escucha en estos casos es difícil, yo entiendo su dolor, la rabia que pueden sentir en este momento, pero ustedes sabían que este momento iba a llegar, es un momento difícil para ustedes, pero les pido que nos calmemos, mi invitación es a que hagamos el esfuerzo para mantener la gordura en este escenario”, expresó el magistrado moderador de la Sala, Alejandro Ramelli Arteaga.
El siguiente exmiembro de las Fuerzas Militares que puso la cara ante el auditorio de la sede de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, fue el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, integrante de la extinta Brigada Móvil 15 en 2006-2008.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Rincón Amado, durante el tiempo de los hechos, fue oficial de operaciones, participó en el patrón de macrocriminalidad haciendo presiones constantes sobre miembros de la brigada para que presentaran bajas y así mejorar los indicadores de resultados operacionales, “fomentó la competencia entre las unidades que conformaban la Brigada Móvil 15 y la realización de promesas de viajes a quienes reportaran más bajas”, dijo el magistrado Alejandro Ranelli.
El alto oficial indicó que las ejecuciones extrajudiciales fueron producto de una empresa criminal para aumentar las resultados operacionales, que se dio con el fin “(...) de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a los comandantes de la época de la Segunda División y comandante del Ejército, respectivamente, el general Carlos Ovidio Saavedra Saenz, general José Joaquín Cortés Franco y general Mario Montoya Uribe, que exigían bajas en combate”, dijo Rincón.
El teniente coronel mencionó todo un listado de militares que participaron en la empresa criminal para asesinar inocentes y aceptó que los encubrió y elaboró documentos que daban apariencia de legalidad de esas operaciones, que calificó de “maquiavélicas”.
“Con estas falsas operaciones se daba una sensación de seguridad en el Catatumbo. ¡Mentiras! Porque la problemática seguía con su plan criminal (...), el Ejército lo único que hizo fue asesinar personas inocentes”, añadió Rincón Amado.
Otra voz que declaró frente a los magistrados fue la del teniente coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue imputado como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento de Santander, entre los años 2007-2008.
“Hoy estoy aquí frente a ustedes como víctimas, la JEP y el país, para aceptar mi responsabilidad de las decisiones tomadas en desarrollo de mis funciones”, comentó el militar en su intervención.
Tamayo Hoyos también era el encargado principal de dar órdenes para cometer los asesinatos como comandante del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en Ocaña, Norte de Santander.
“Quiero manifestarles a las víctimas que debo reconocer que estas personas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores y sus conductas eran intachables y no eran integrantes de grupos al margen de la ley, esto se manifestó gracias a esa farsa que mantuvimos por 14 años”, señaló Tamayo Hoyos.
El teniente coronel manifestó: “Debo reconocer los impactos que esto ha generado en sus familias, estoy aquí para asumir una responsabilidad, mi participación fue determinante, pues yo era comandante del batallón, soy responsable a título de coautor”.
El exmilitar reconoció que no “tomé las acciones donde se cometieron los delitos”, ya que “tenía la obligación de adoptar medidas preventivas, debía haber ejercido un mando para reprimir y sancionar a mis subalternos”.
“Aquí frente a ustedes, estamos tres máximos responsables que estamos asumiendo, pero es mi deber, seguir aportando en el esclarecimiento de la verdad frente a los demás miembros que participaron y están siendo investigados y otros no. Y ellos, así como nosotros, deben venir y asumir esas responsabilidades”, sentenció.
La voz del reclutador
Alexander Carretero Díaz es el único civil que hasta el momento ha sido imputado por la JEP en el macrocaso 03. El sujeto participó en la diligencia y relató cómo fueron los hechos de crimen y desaparición en los que estuvo involucrado dentro del proceso de los falsos positivos de Soacha.
Aseguró que era habitante de Soacha, Cundinamarca, y a principios de 2008 le propusieron llevar a un muchacho a Ocaña. Según su relato, inicialmente desconocía el motivo de los traslados, hasta que le mostraron la foto de uno de los jóvenes asesinados.
“Soy la persona que trajo todos sus seres queridos de varias partes de Colombia, soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Bucaramanga, de Aguachica para entregárselas al Ejército para que las asesinaran”, relató Alexander Díaz.
“Soy responsable por haberme prestado sabiendo lo que iba a pasar con su seres queridos, soy más responsable porque ellos mismo me dijeron que convenciera a diferentes personas, yo las engañé para traerlas hasta acá. No les puedo regresar a sus hijos, pero sí les puedo garantizar la verdad”, dijo.
“No tengo como pagar este dolor tan grande que ustedes están pasando por mi culpa, por no haber recapacitado, hubiese sido mejor que me hubieran matado y no haberme prestado para hacer este daño tan grande que les he causado a ustedes”, dijo Alexander.
Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, asesinado.
Las madres de Soacha
Una de las primeras víctimas que se presentó frente al auditorio fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, de 23 de años, desaparecido el 23 de agosto del año 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto en Ocaña, Santander.
“No vengo a hablar solamente por mi hijo, vengo a hablar por miles de víctimas que hay y que hoy no están acá, pero la voz de nosotras son la voz de ellos, porque no pueden hablar, porque tienen miedo, porque los amenazan, así como hicieron con las madres de Soacha”, expresó.
Ante la sala estuvieron presentes unas cortas y repetitivas palabras de la señora Idalí Garcerá, una madre cabeza de hogar, que retrató brevemente cómo fue el caso donde desaparecieron a su único hijo, Diego Alberto Tamayo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca en 2008.
“Yo estoy acá por una lucha desde hace 14 años para saber sobre mi hijo que desapareció en el barrio Ducales, en Soacha, el 23 de agosto del 2008. Yo he luchado mucho y solita (...) Necesito saber quiénes eran esas personas que les pedían resultados para beneficio propio, eso lo necesitamos saber todas y el país en general”, exclamó la señora Idalí.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Por su parte, la señora Zoraida Muñoz, otra madre de Soacha víctima del conflicto armado, que fue reconocida dentro de este proceso, pidió a los comparecientes esclarecer de manera precisa sobre los hechos ocurridos.
“Antes que me sucediera esto yo no tenía enemigos, los enemigos míos son el Ejército Nacional, (...). Para mí, ustedes son un mal elemento para el país, ustedes no deben hacer nada con niños, ni con jóvenes, porque ya llevan una cruz maldita”, exclamó Zoraida, mientras señalaba a los victimarios.
Bajo la misma línea de defensa que la señora Zoraida Muñoz y todas las madres dolientes que con coraje y valor enfrentaron este proceso, estuvo Gloria Martínez, otra víctima de la guerra. “Toda la verdad no ha sido develada, (...) Ustedes conservan una información privilegiada de acuerdo con el cargo que tuvieron, ustedes han dicho repetitivamente que quieren que esta historia no se repita, pero les pregunto: ¿A ustedes ya les devolvieron las condecoraciones, los reconocimientos que les otorgaron en estos asesinatos?”, pronunció entre suspiros la señora Martínez.
