Frente a las preocupaciones que han manifestado gremios empresariales en los últimos días, en relación con el impacto que la ratificación del Acuerdo de Escazú, que mañana continuará su proceso en el legislativo, organizaciones ambientales respondieron y defendieron su implementación.
La Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la que WWF Colombia hace parte, afirmó que el tratado no frena las inversiones ni detiene el desarrollo económico.
“Por el contrario, representa seguridad jurídica para los inversionistas, al apoyar que los sectores fortalezcan la implementación de las políticas ambientales y facilita que puedan acceder a nuevos créditos de la Banca Multilateral para el desarrollo de proyectos”, contestaron en respuesta a posturas como la del Consejo Gremial Nacional, quienes le pidieron al Gobierno y al Congreso no ratificar el Acuerdo por supuestos impactos en la reactivación y el crecimiento económico del país.
Según aseguraron los representantes del sector empresarial, el tratado internacional es innecesario e inconveniente para el crecimiento económico del país, porque permite una intromisión indebida en la esfera privada y frenaría la realización de proyectos que necesitan de licenciamiento ambiental.
Este martes 17 de mayo, a las 3:00 de la tarde, está convocado el segundo de cuatro debates para la ratificación del Acuerdo, esta vez en la Plenaria del Senado, donde deben asistir al menos 55 de los 105 senadores para que se pueda dar la votación.
Por eso, las organizaciones que defienden el Acuerdo hicieron un llamado a todos los senadores, “para demostrar que la justicia ambiental no tiene partido político y su compromiso con la protección de las personas defensoras del ambiente”, afirmaron en un comunicado.
Hasta el momento se ha logrado el primer debate de los cuatro que el Acuerdo de Escazú debe cursar dentro del trámite legislativo en el Congreso de la República, para pasar posteriormente a revisión de parte de la Corte Constitucional y lograr su efectiva ratificación.
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El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos fundamentales: el acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia frente a hechos que afecten los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y los derechos humanos.
Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección de las personas defensoras ambientales.
