Tras varios años de pleitos judiciales, el Consejo de Estado le dio la razón a Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, frente a las pretensiones de una demanda interpuesta por Parker Drilling Company International Limited, por costos asociados al incumplimiento de un contrato para la perforación de pozos petroleros.

La multinacional reclamaba la supuesta demora en la socialización del proyecto con los grupos de interés en la zona de influencia y bloqueos viales originados en protestas ciudadanas en el Casanare hace diez años.

Según la empresa demandante, Ecopetrol incumplió sus obligaciones frente a la socialización que requería el proyecto de un pozo en Capiagua, en el municipio Aguazul (Casanare), lo que condujo a bloqueos en las vías de acceso por parte de la comunidad, que a su vez condujeron a la inmovilización de la maquinaria que era necesario transportar para ejecutar las obligaciones asumidas en este contrato.

Por esa razón, precisó que “Ecopetrol incumplió su obligación de pagar la tarifa stand by de equipo inactivo con cuadrilla, que había sido pactada en esta relación contractual”.

Así entonces, la empresa solicitó condenar a Ecopetrol a pagar más de un millón de dólares, correspondientes a la tarifa originada en la inmovilización de la maquinaria entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre de 2012.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Para esa corporación judicial, la socialización del proyecto era responsabilidad conjunta de las partes y no exclusiva de Ecopetrol.

Parker Drilling interpuso recurso de apelación contra esa decisión, con la intención de que el Consejo de Estado condenara a Ecopetrol. Sostuvo que el Tribunal desconoció que sí cumplió con su obligación contractual, al haber contratado a personas de la comunidad que habitaba en el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que siempre estuvo presta a movilizar los equipos.

Finalmente, tras una larga batalla legal, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, por considerar que “no se probó el incumplimiento”. El alto Tribunal sostuvo que “no se acreditó que la situación que originó la para en las labores de la maquinaria durante 26 días, dieran lugar a que Ecopetrol estuviera obligada a pagar la tarifa stand by de equipo inactivo con cuadrilla”.

Además, aseguró que la petrolera sí cumplió las obligaciones contractuales que asumió frente a la socialización del proyecto con la comunidad.

El fallo señala que, en este caso, no se evidenció que la contratista permaneciera con la maquinaria y el personal inactivos, a la espera de las órdenes de Ecopetrol, que era la circunstancia que permitía el cobro de la ya reseñada tarifa.

Ahora, Parker Drilling Company International Limited, esta debe correr con parte de los costos del proceso.