De manera virtual, se reunieron para rendir cuentas de su gestión del último año, el presidente de la República, Iván Duque, los presidentes de las altas cortes, entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además, el Fiscal General, la Procuradora, el Vicecontralor General de la República y el Defensor del Pueblo.
Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, recordó que la justicia debe responder al principio esencial de servicio al ciudadano. “Los ciudadanos requieren una justicia de alta credibilidad, una que esté llamada a fortalecer la institucionalidad. Un país que no se centre en buenos jueces está llamado al caos”.
El presidente de la República, Iván Duque, fue el primer panelista del encuentro, quien vía Zoom mencionó que “el fortalecimiento y la defensa de nuestro orden legal y constitucional es un trabajo que tenemos en común, por eso nos hemos esforzado para que los colombianos tengan un mejor acceso a la justicia”.
El jefe de estado aseguró, además, que se está trabajando en un Conpes, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 500 millones de dólares, que ayudará a mejorar la prestación del servicio de justicia del país y se pondrá en marcha el expediente digital que modernizará el sector judicial.
Duque Márquez, añadió los alcances del Gobierno Nacional en materia de implementación de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales y las acciones para garantizar prestación del servicio de las comisarías de familia durante la pandemia.
Igualmente, el primer mandatario resaltó la aprobación de la Reforma a la Justicia y manifestó que se trata de una norma que “impulsará la digitalización, la descongestión y la paridad en los altos tribunales”, entre otros beneficios.
Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dio un balance sobre la gestión de este órgano de la justicia integral asegurando que se han proferido más de 47.000 decisiones, así como también se han recibido más de 400 informes de víctimas y entidades del Estado, y emitido 200 medidas cautelares individuales y 6 de tipo colectivas que protegen a víctimas, cuerpos de presuntos desaparecidos, entre otras medidas.
También indicó que esta jurisdicción ha avanzado en los primeros siete macrocasos en relación con los delitos más graves ocurridos en el conflicto y en desarrollo de estos ha recogido testimonios de 730 comparecientes.
El magistrado describió los macrocasos que tienen que ver con el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de la Unión Patriótica, el reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas en el conflicto, determinando, en este último, que las Farc son responsables de 18.000 reclutamientos.
Señaló que han sido asesinados 316 excombatientes de las Farc, 39 en el 2021, y que más del 90% comparecían ante la JEP, por lo que exigió protección plena de manera inmediata y urgente para estas personas.
Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su intervención, dijo que en lo corrido de este año, ese alto tribunal ha producido cerca de 15.000 decisiones y 19 sesiones de sala plena en las que se han dictado 176 providencias.
“Desde la institucionalidad es posible contribuir al cambio social que necesitamos en una sociedad que está marcada por la exclusión”, dijo Hernández al hablar de decisiones de la Corte sobre, por ejemplo, temas de género.
A su turno, Antonio José Lizarazo Ocampo, presidente de la Corte Constitucional, mencionó algunas decisiones de esa corte de gran impacto, como la sentencia que extendió la eutanasia a pacientes con lesiones o enfermedades graves e incurables, aunque no estén en etapa terminal.
Además, resaltó que en 2021, la Corte ha recibido en promedio 39.000 expedientes mensuales y se han dictado 161 fallos de tutelas, adicional de 80 sentencias de constitucionalidad.
El magistrado destacó como uno de los principales logros el fallo que revivió las curules para las víctimas.
“Deseo destacar, en particular, la sentencia SU-150 de 2021 que protegió los derechos al debido proceso legislativo, la reparación integral, la igualdad y participación política de las víctimas, al constatar que el Congreso aprobó conforme a las mayorías establecidas en la Constitución el proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se crearon las 16 circunscripciones transitorias, en cumplimiento del Acuerdo Final”.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López Jaramillo, destacó que el primer semestre de 2021 ingresó en todos los despachos un total 1.193.154 expedientes, entre procesos y tutelas. Mencionó además, que se han radicado 14.090 tutelas a la fecha.
Destacó la transformación digital a raíz de la pandemia y expresó que una de las acciones más importantes realizadas por el Consejo fue digitalizar y masificar los expedientes. “Empezamos con el Sistema Único de Gestión Judicial para que todos los ciudadanos tengamos la misma herramienta en cualquier lugar del territorio nacional”, señaló.
A su turno Marta Nubia Velásquez, presidenta del Consejo de Estado, dijo que el alto tribunal registró una disminución de procesos en el 2021 y ha expedido 9.065 providencias, entre autos y sentencias.
Igualmente, declaró que “lo que se produce supera los procesos que están ingresando, lo que es positivo de cara a la descongestión judicial”.
El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro, afirmó que hace ocho meses cuando entró en funcionamiento, la Comisión recibió 6.520 procesos, entre ellos 3.665 procesos contra abogados y 36 contra jueces de paz. Y en el trascurso del año ha decidido sobre 1.212 procesos.
Destacó, entre otras decisiones, el fallo de destitución e inhabilidad a un juez por beneficiar a un narcotraficante y otra relacionada con la suspensión de abogados por faltar a la lealtad con su cliente.
También la decisión de destitución e inhabilidad por 10 años a un juez que durante la pandemia retuvo dineros provenientes de recursos de la salud de una entidad pública en liquidación.
Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, reportó que, en materia de esclarecimiento, recibió el ente con un 27.72 % y “hoy podemos reportar 31.52 % de esclarecimiento de homicidios dolosos”.
En cuanto a homicidios masacres, indicó que la entidad cuenta con un esclarecimiento del 69.93 %, en feminicidio de un 95.79 % y en asesinato de defensores de derechos humanos en un 66,43 %.
El funcionario manifestó que el ente inició esta semana una estrategia nacional para el esclarecimiento del delito de violencia sexual, que se encuentra en una tasa por debajo del 20 %.
En referencia al tema que se ha discutido en el país en los últimos días de una posible amnistía total de los crímenes cometidos en el conflicto, dijo que no está de acuerdo. “La amnistía total está proscrita en el Derecho Internacional. Nosotros no podemos retroceder, aquí no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, porque eso no va a ser permitido, por lo menos por mí mientras sea fiscal general”, expresó.
Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, expresó frente al Código Disciplinario Único: “Debo decirles sin temor a equivocarme que se expidió el mayor código garantista disciplinario que ha tenido el país y que va a respetar todas las posibilidades de investigación para funcionarios de elección popular”.
La funcionaria anunció la creación de diferentes proyectos e iniciativas para este año electoral con el fin de vigilar las elecciones legislativas y para presidente. “Dentro de estas crearemos oportunidades para que estudiantes de derecho nos ayuden durante su año de judicatura”, explicó.
El vicecontralor Julián Ruiz entregó un balance de la gestión del ente de control y subrayó las acciones de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia que, según el funcionario, “ha venido evidenciando deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal en el sector justicia”.
Aseguró que hay 3 proyectos del sector que tienen recursos asignados por $27.500 millones y no presentan ejecución.
Se trata de los proyectos de construcción del Palacio de Justicia de Medellín, la construcción, adecuación y dotación física para el sistema oral y la compra de lotes para las sedes propias de la rama judicial, que con corte al presente mes de agosto aún no tienen ejecución.
“Son recursos que deben ejecutarse, por el bien de la rama y del servicio de administración de justicia”, dijo el Vicecontralor, Julián Mauricio Ruiz
Wilson Ruiz, ministro de Justicia, destacó la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal, una política de Estado en la lucha contra la criminalidad. También llamó la atención sobre la importancia del nuevo decreto frente al uso científico y médico del cannabis, que brinda seguridad para los inversionistas.
Destacó la expedición del Conpes 4042 para el control del lavado de activos, el Decreto 811 de 2021 relacionado con el acceso seguro e informado al uso médico del cannabis, el programa territorios libres de cultivos de uso ilícito, entre otras actuaciones de esta cartera
