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Corte solicita ingresar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

La Corte pide reconocer este oficio como una forma de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Con el fin de integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Salud para que inicie y culmine todas las iniciativas que sean necesarias para reconocer la partería como una forma de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Los hechos se estudiaron en una tutela que interpusieron algunas organizaciones de parteras ubicadas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, quienes aseguraron que, aun cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados con COVID-19 en sus comunidades, no fueron catalogadas como talento humano en salud ni priorizadas en el plan de vacunación en contra de este virus.

De esta manera, el alto tribunal reconoció que las parteras, además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional.

Debido a lo anterior, la ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, señaló que “existe un deber constitucional y legal de integrar la partería, como forma de medicina ancestral, al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En su decisión, la Corte también encontró que el Ministerio de Salud vulneraba los derechos fundamentales de la organización de parteras accionantes al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico otorgado por el Gobierno.

Es por estos hechos, que la Corte Constitucional le dio seis meses al Ministerio de Salud para integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social en Salud, un proceso que “debe realizarse consultando a quienes ejercen la práctica”.

Finalmente, se ordenó a las Secretarías Departamentales de Salud del Chocó y Valle del Cauca que practiquen pruebas diagnósticas de COVID-19 a las mujeres que conforman las organizaciones de parteras demandantes.

La Corte Constitucional también exhortó al Congreso de la República para que legisle sobre el tema.




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