La Corte Constitucional, seleccionó para su estudio, una tutela que presentó el periodista Juan Pablo Barrientos, en contra de la Arquidiócesis de Medellín, por negarse a responder un derecho de petición en el que solicita información de 915 sacerdotes de la iglesia.
En 2020 la Corte Constitucional ya había fallado a su favor una tutela, en la que pedía información sobre la trayectoria, relación y denuncias contra 43 sacerdotes. No obstante, Barrientos acudió de nuevo a esta acción legal, tras señalar que el año pasado la Arquidiócesis no le respondió por completo la información solicitada.
Desde 2018 el periodista realiza una investigación sobre una supuesta red de pederastia y abusos a menores de edad por parte de los sacerdotes que han pasado por esa Arquidiócesis. Por consiguiente, ha elevado, en distintos momentos, derechos de petición a la accionada y otras entidades.
En lo que corresponde a la actual tutela un juzgado había fallado en favor del periodista, sin embargo, en segunda instancia el Tribunal de Medellín denegó estas pretensiones.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Ahora bien, el caso llegó al Tribunal Constitucional por un recurso de insistencia del magistrado Jorge Ibáñez, quien señaló el posible desacato de la sentencia T- 091 de 2020 en donde se le garantiza a Barrientos el acceso a esta información.
“Así pues, los periodistas cumplen con un rol fundamental en la sociedad como lo es difundir datos o noticias relevantes para el público, la cual si bien supone unas cargas de veracidad e imparcialidad, no puede ser limitada de forma irrazonable” señaló Ibáñez en el recurso de insistencia.
En síntesis, Ibáñez le explicó a las magistradas de la Sala de Selección 1 que la libertad de información es un derecho protegido, fundamental en la consolidación de un sistema democrático.
Lo que dijo la Arquidiócesis de Medellín sobre esa nueva petición, es que de ese número de sacerdotes “hay 185 fallecidos, 73 no pertenecen a la arquidiócesis, hay cuatro nombres repetidos, seis sin registro en base de datos y 647 sacerdotes diocesanos”.
En esa misma respuesta, la Arquidiócesis de Medellín señaló que en los últimos 30 años “se han recibido varias denuncias que han sido atendidas por esta arquidiócesis en coherencia y con fundamento en el Derecho Canónico y en el Derecho Penal colombiano”.
