Según el Consejo de Estado, se trató de un error involuntario y explicó que sucedió en el marco de una acción de tutela en contra de una decisión proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se invocan como derechos fundamentales el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
En este proceso se decretó como pruebas el envío de la información que se consideraba relevante para la resolución del caso, entre ellas el contrato para la compra de vacunas contra el COVID-19, que terminó en la plataforma pública correspondiente al Sistema de Gestión Judicial.
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la información con la salvedad de carácter reservado de algunos de los documentos, entre los cuales se encontraba uno denominado ‘Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer export BV (pebv) y Fiduprevisora S.A.’ y tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación perdió los atributos de seguridad con lo que fue enviado”, dijo el Consejo de Estado.
Por estos hechos el Consejo de Estado anunció que se adelantarán las investigaciones correspondientes.
