El Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, informaron que pondrán a disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de los homicidios y persecución en contra de los militantes de la Unión Patriótica.
La decisión la tomó el Gobierno colombiano teniendo en cuenta un informe sobre el tema que publicará en las próximas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se considera que el caso de las víctimas debe ser abordado de forma individual.
Vélez manifestó que dicha postura es diferente de la del Estado colombiano, el cual considera que estos hechos deben ser manejados como un caso colectivo.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica también explicó que los informes de la Comisión no son vinculantes debido a que no se trata de un órgano judicial internacional, sin embargo, manifestó que Colombia ha sido uno de los países más predispuestos a atender las recomendaciones.
Para solucionar esta diferencia, el Gobierno tomó la decisión de llevar el caso a la CIDH, organismo judicial del Sistema Interameicano de Derechos Humanos.
"El Estado colombiano tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho corresponden, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que estamos adelantando", expresó Vélez.
Así mismo, el funcionario argumentó la idea es buscar mecanismo de reparación colectiva, los cuales considera más adecuados para llegar a la no repetición, con respecto a las indemnizaciones económicas individuales.
