En una nueva línea de investigación, la Fiscalía imputó a cuatro presuntos vinculados con las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnología de la información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objeto era garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.
Los imputados son los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, por cuatro delitos, de acuerdo con su posible participación en las conductas ilícitas.
Los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan José Laverde fueron imputados por el delito de falsedad en documento privado, por la firma de un contrato de octubre de 2020, en el que Emilio Tapia Aldana habría acordado el pago de 4.000 millones de pesos a Otomar José Lascarro Torres para que las empresas del último participaran como parte de la Unión Temporal Centros Poblados, de manera ficticia, con el único objetivo de cumplir los requisitos para lograr la adjudicación de la licitación por más de un billón de pesos.
El otro delito imputado a estas dos personas fue el de fraude procesal, porque ese contrato fue usado para engañar a las personas encargadas de la licitación.
“Ustedes tenían pleno conocimiento que con el documento de constitución de la Unión Temporal Centros Poblados, el cual contenía información falsa, estaban induciendo en error a las funcionarias públicas Sandra Orjuela Mendez, subdirectora de Gestión contractual y evaluadora jurídica de Mintic, y Adriana Vanessa Mesa, secretaria general, para que la propuesta de la Unión temporal fuera evaluada satisfactoriamente al cumplir con todos los requisitos exigidos y, en consecuencia, fuera seleccionada en el proceso licitatorio”, dijo la Fiscalía.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Contra estas dos personas la Fiscalía también los imputó por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, porque a través de sus cuentas bancarias y a través de cuentas bancarias de terceros, obtuvieron para sí 300.0000 dólares no justificados.
Por último la Fiscalía imputó a Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque, por el delito de peculado por apropiación. Ninguno de los imputados aceptó cargos.
En esta audiencia se reveló, además, que Ottomar Lascarro Torres aceptará cargos en un futuro, según su abogado defensor.
En esta audiencia también se esperaba que se imputará al empresario Emilio Tapia Aldana, pero este no se hizo presente en la diligencia por fallas de conexión con la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra privado de su libertad.
