El sector de la construcción en Colombia se encuentra en alerta ante la decisión del Gobierno de firmar un decreto para ajustar el programa de vivienda Mi Casa Ya sin tener en cuenta las observaciones presentadas por distintas organizaciones, entre ellas, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el Fondo Nacional del Ahorro, Asobancaria y el Departamento Nacional de Planeación. Lea aquí: ¿Para quiénes aplicaría el subsidio de $1.000.000 que dará el Gobierno?
Estas organizaciones habían advertido la necesidad de implementar un régimen de transición para las modificaciones que se pretendían adoptar, lo cual no se tuvo en cuenta.
Esta situación es alarmante, ya que afecta a más de 52.000 familias que están esperando la entrega de sus casas, algunas desde hace más de siete meses, porque no les han desembolsado sus subsidios. La incertidumbre aumenta, pues ahora estas familias deberán someterse a una encuesta de Sisbén, lo que genera mayor preocupación.
La decisión del Gobierno desconoce lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-311 de 2016, donde se establece que el principio de confianza legítima busca proteger a los ciudadanos de cambios bruscos e intempestivos que realicen las autoridades sin proporcionar el tiempo ni los medios que les permitan adaptarse a la nueva situación. Lea aquí: Familias con hijos serán beneficiadas con nuevo subsidio, así funcionará
La Cámara Colombiana de la Construcción había advertido en días pasados que hay claras señales de alerta en el sector constructor, que es uno de los que jalona la economía del país, generando más de 4 millones de empleos entre directos e indirectos. Por lo tanto, es importante que el Gobierno tome en cuenta las observaciones presentadas y establezca un régimen de transición que proteja los intereses de las familias afectadas y garantice la estabilidad del sector constructor.