En una furgoneta del Inpec, y escoltado por dos patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena, fue ingresado a la cárcel de Ternera, poco antes de las 8 de la mañana de este miércoles, el empresario Enrique Vives Caballero, señalado de arrollar con una camioneta a siete personas, y causarles la muerte a seis de ellas, el pasado 13 de septiembre en el sector de Gaira, en Santa Marta. Lea: Tragedia en Gaira: menor herido en accidente permanece en UCI
El traslado de Vives Caballero se ordenó tres días que la Jueza Primera Penal Municipal de Santa Marta, con funciones de Control de Garantías, lo cobijara con medida de aseguramiento intramural tras determinar que manejaba con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, y al considerar que es un peligro para la sociedad y puede obstruir la justicia. Lea también: A la cárcel, Enrique Vives Caballero por atropellar a siete jóvenes
El excandidato al Concejo de esa ciudad fue llevado inicialmente a la cárcel Rodrigo de Bastidas, donde solo alcanzó a estar en el área de sanidad por los protocolos que se exigen por la pandemia del COVID-19. Su defensa argumentó que en esa prisión su integridad podría ser vulnerable, y por tal razón el Inpec lo trasladó a Ternera.
Allí, el empresario “debe cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Inpec a nivel nacional, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Salud, para posteriormente ser ubicado en un pabellón”, señaló el Inpec.
Panorámica de la cárcel de Ternera
Enrique Vives es ingresado hace pocos minutos a la cárcel de Ternera de Cartagena. pic.twitter.com/fDI0UvVtXe
— El Universal (@ElUniversalCtg) September 22, 2021
Luego de ese proceso, dice ese organismo, Vives se acogerá al Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, “donde se le brindará todas las condiciones de seguridad pertinentes”.
Piden su traslado
Edward Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), manifestó a El Universal que Vives “cumple el aislamiento preventivo dentro de la cárcel, en una zona especial que tenemos”.
Recalcó que “como organización consideramos que esta persona debería cumplir su medida de aseguramiento en otro establecimiento con mejores condiciones de seguridad”.
“Las condiciones del establecimiento de Cartagena no son las mejores. Recordemos que esta es una cárcel de mediana seguridad y mínima seguridad, y para mantener una persona con el perfil que tiene (Vives) no cumplimos con las medidas de seguridad pertinentes, a pesar de que tenemos un excelente pie de fuerza, y a pesar de que esta cárcel tiene muchísimos años de estar cumpliendo con su trabajo misional, que es vigilar a las personas privadas de la libertad, y no reporta fugas”, precisó Montaño.
“La población interna que tenemos -agregó- es población con condenas bajas, entre 5, 15 y 20 años, y con delitos no considerados de tan alto riesgo”.
Con hacinamiento y sin recursos
Aunque la cárcel San Sebastián de Ternera tiene una capacidad de 1.380 internos, hoy los guardias del Inpec custodian a cerca de 1.800 personas privadas de la libertad con medida de aseguramiento intramural en este penal. Pero también a más de 4.000 que cumplen esta medida en la modalidad extramural. Lea: Por hacinamiento, trasladarán a 66 internos de la cárcel de Ternera
“La estructura de la cárcel no es robusta. En salubridad, las condiciones de los patios no son las mejores. Debido a que la cárcel tiene más de 60 años de construida, ya tenemos paredes muy agrietadas por la humedad, por el oxido. El sistema de alcantarillado, de aguas negras, de desagües, vive rebosándose, lo cual perjudica también la salud tanto de los trabajadores como de las personas privadas de la libertad”, advirtió Montaño.
Recalcó que “nos preocupa la demora con la que se viene tramitando el convenio de la Alcaldía de Cartagena con el Inpec. A la fecha no se ha reunido toda la documentación ni se ha llegado a la firma del convenio para que nos apoyen con recursos, lo cual es deber del alcalde por tener alrededor de 1.100 internos en la cárcel de Ternera”.
Edward Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP).
Según el presidente del SEUP, “el monto del convenio este año es de 200 millones de pesos, pero el costo de una persona privada de la libertad por año supera los 20 millones de pesos. Si multiplicamos esa cantidad por los alrededor de 1.100 internos que tiene el Distrito nos daría más de 20 mil millones de pesos”. Lea: Inpec y Distrito firman convenio por $600 millones
El citado convenio obedece a que la Ley 1709, artículo 17, establece que “corresponde a los departamentos, municipios y áreas metropolitanas la creación, fusión o supresión, dirección y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”.
En su artículo 19 agrega que los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, como es el caso de Cartagena, podrán contratar con el Inpec.
Entre tanto la Jueza Primero Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, Olmis Cotes, dio inicio este miércoles a la continuación de la audiencia de apelación presentada por la defensa de Vives, el abogado Álex Fernández.
En este hecho fallecieron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero y resultó gravemente herido un menor de edad.
