Algunas familias que compraron apartamentos en edificios construidos por el denominado Clan Quiroz, y que posteriormente debieron abandonarlos por los riesgos que se detectaron en sus estructuras, se fueron ayer bien temprano a los bajos de la Alcaldía de Cartagena, en la Plaza de la Aduana, para protestar porque supuestamente en todo el 2021 no les han cumplido con el pago de los subsidios de arriendo.
Cerca de 20 personas, con pancartas y cánticos, le pidieron al Distrito atención a sus peticiones, pues aseguraron estar padeciendo necesidades debido a las deudas que adquirieron con los bancos para poder pagar las propiedades. Así mismo, se fueron hasta la avenida Blas de Lezo y allí bloquearon el tráfico vehicular cada cinco minutos, para que su manifestación tuviera mayor impacto.
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Jonathan Lorduy Bolívar, propietario de un apartamento en el edificio Alpes 31, aseguró que su situación era desesperante y ya no sabían qué más hacer o a dónde más acudir para solucionar sus problemas. “Hace cuatro años abandonamos los edificios y estamos pagando arriendos, peleando con los bancos, con las empresas de servicios públicos. Tenemos una ley que nos ampara pero parece que esa ley no se cumple, que solo se queda en el papel. Hemos puesto tutelas y ni con ellas nos han hecho valer nuestros derechos. Los subsidios de arriendo los estamos esperando hace ocho meses”, aseguró Lorduy, pidiéndole al Distrito respuestas prontas.
También falta vigilancia
De la protesta hizo parte el abogado y apoderado de varias familias víctimas de la construcción ilegal en Cartagena, Javier Doria, quien aseguró que la Alcaldía se niega a reconocer los derechos de estas personas y que en todo el 2021 no solo no han pagado los subsidios de arriendo sino que además no han contratado servicio de vigilancia para los edificios evacuados, los cuales estarían siendo hurtados y habitados por desconocidos.
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“Un juez de control de garantías ordenó protección especial a cada una de esas edificaciones, sin embargo las viviendas están siendo invadidas por terceras personas que no conocemos. Con esto se pone en riesgo no solo la vida de los invasores sino también los derechos de las familias que en su momento fueron desalojadas”, sostuvo el jurista.
Alcaldía de Cartagena
En total son 16 los edificios evacuados en la ciudad, luego de estudios que confirmaron su riesgo estructural. Las investigaciones partieron del siniestro ocurrido en abril del 2017 en Portales de Blas de Lezo, el cual se desplomó dejando 21 víctimas mortales.
“El Distrito tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo con esas invasiones y en muchos casos se han presentado denuncias penales y ante las Inspecciones de Policía para provocar una respuesta inmediata, pero todo ha sido infructuoso. La administración distrital debe asumir su responsabilidad, dejar de revictimizar a estas familias por el abandono y la indolencia a las que las somete”, puntualizó Doria.
Los manifestantes indicaron que seguirán tomándose las vías de hecho de manera indefinida en caso de no obtener respuestas satisfactorias.
Sobre el pago de subsidios, ordenados de manera provisional, a copropietarios de apartamentos construidos por el denominado clan Quiroz, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena se permite aclarar lo siguiente:
El Distrito, por medio de la Resolución 0537 de 8 de febrero de 2021, que modificó la Resolución 1311 de 20 de febrero de 2019 y se adiciona a la Resolución 1472 de 5 de marzo de 2018, definió los requisitos legales que deben cumplir los beneficiarios para validar el pago de dichos subsidios.
Una de las obligaciones es que el titular del subsidio de arriendo entregue una declaración juramentada donde exprese que el bien inmueble, a la fecha de la solicitud, se encuentra desocupado y que, por ese motivo, tiene vigente un contrato de arrendamiento.
Sin embargo, se han encontrado situaciones particulares en algunas edificaciones, en donde, pese a que los titulares de los subsidios han declarado bajo juramento que sus inmuebles están desocupados, terceros se encuentran habitando los apartamentos y se proclaman propietarios de estos, e incluso han adelantado acciones judiciales en contra de las empresas de servicios públicos que, en cumplimiento de la orden emanada por parte del Juzgado 3° Penal con Funciones de Garantías, han procedido a suspender los servicios en estos inmuebles.
Bajo ese contexto, al parecer no se están cumpliendo a cabalidad los requisitos de la Resolución 0537, por tanto, son situaciones que hasta tanto no se verifiquen, hacen inviable en este momento proceder con los pagos, so pena de estar incumpliéndose por parte del propio Distrito, las condiciones establecidas en dicho acto administrativo, derivando de ello consecuencias de naturaleza fiscal o disciplinaria.
Por ello, con el fin de darle un manejo responsable a los dineros públicos, el Distrito se encuentra atendiendo dichas situaciones y adelantando las actuaciones jurídicas necesarias, con el fin de que se compruebe cuál es la situación real de todos los inmuebles y se haga una verificación integral de cumplimiento de los requisitos en todos estos edificios.
