Desesperados. Así permanecen desde hace varios meses un grupo de afectados de los 16 edificios que fueron construidos ilegalmente por los hermanos Quiroz ante el incumplimiento del Distrito en el pago de los subsidios de arriendo acordados una vez abandonaron dichas edificaciones.
Juan Pablo Manuel Ruiz, propietario de un apartamento en el edificio Portal de Los Alpes, cumplió junto con su familia la orden de desalojo estipulada por la Alcaldía una vez se generó la alerta sobre el riesgo de estos inmuebles. (Lea aquí: Un nuevo capítulo en el drama de los compradores de viviendas)
“El Distrito en ese momento cumplió con los gastos de mudanza y recibimos los tres primeros meses de arriendo. Pero desafortunadamente seguimos pagando arriendo y desde un tiempo para acá nos han incumplido con lo acordado de los pagos de los arriendos. A la fecha nos deben nueve meses”, contó Paula Andrea Arenales, su esposa.
De acuerdo con Arenales, a otras víctimas de estas construcciones ilegales les adeudan “hasta doce meses de pagos de subsidios de arriendos”.
“A nosotros nos alivió un poco la noticia publicada en El Universal donde se informaba que nos iban a pagar en el transcurso del mes de febrero, pero hasta el momento no hemos recibido el pago”, señaló.
Ante la emergencia sanitaria generada en el país por la enfermedad COVID- 19 y teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio por 19 días, la pareja de esposos asegura estar atravesado una difícil situación económica.
“Si el Distrito no nos paga estamos endeudados, no tenemos en este momento para donde agarrar. Vemos que el alcalde es buena persona, ojalá y nos escuche y se ponga en nuestro lugar”, agrega la afectada.
Cabe recordar que 108 familias cartageneras resultaron afectadas por las construcciones ilegales del Clan Quiroz. Y, tras la orden de una juez emitida en 2018 les tocó evacuar sus inmuebles ante el “inminente riesgo de desplome” que reveló un informe técnico liderado por la Universidad de Cartagena.
En diálogo con El Universal, un vocero de la Alcaldía de Cartagena reconoció que a las víctimas de los hermanos Quiroz se les adeudan seis meses de pago de subsidios de arriendo del año 2019 y tres meses de este año.
Sin embargo, no entregó más detalles explicando que “están investigando sobre el tema”.
