“Todos estos árboles existen mucho antes que se construyera el cementerio, son árboles de más de 60 años que ya están en muy mal estado. Por eso en cualquier momento podrían colapsar y causarnos un daño”. Con esas palabras resume la señora Demis Ríos la incertidumbre con la que viven ella y otras siete vendedoras de flores que se ubican en las afueras del cementerio Jardines de Paz, entre Cartagena y Turbaco, quienes denuncian que varias ramas secas de estos árboles se han caído recientemente y han estado a punto de herirlas.
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En el lugar no solo están en riesgo estas comerciantes, sino los vendedores de gaseosas, de fritos, entre otros alimentos, así como los visitantes que diariamente llegan al sitio a darle el último adiós a un pariente o a visitar alguna de las tumbas.
“Nosotras tenemos muchos años trabajando debajo de esos árboles, pero nunca nos habíamos sentido tan inseguras como ahora. Son tres árboles que están en malas condiciones: viejos, secos, con ramas grandes que pueden hacerle un daño o matar a cualquier persona. Uno es de níspero, el otro es un orejero y el tercero es un campano. Necesitamos ayuda, ojalá que las autoridades ambientales vengan, así sea a revisar”, añadió la también vendedora Yomaira Torres.
Todas coinciden en que trabajan con pánico e incluso cuando hay lluvias con fuertes brisas deben evacuar el sector por miedo a una desgracia.
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Sobre este requerimiento, desde el EPA Cartagena aseguraron que la competencia es de Cardique, entidad que a su vez sugirió a la Alcaldía de Turbaco hacerles llegar de manera formal la solicitud para proceder con la solución. Al respecto, desde la administración municipal respondieron que: “A la Alcaldía de Turbaco en cabeza de la UMATA no ha sido remitida solicitud alguna relacionando la situación que manifiestan los vendedores de flores en las inmediaciones del cementerio Jardines de Paz. Según la normativa ambiental, es la corporación ambiental la encargada de emitir las autorizaciones para realizar acciones de tala, poda o remoción de árboles en la jurisdicción del departamento de Bolívar. Una vez tramitado el debido proceso, el municipio tiene a partir de los lineamientos expedidos por la corporación, la competencia para intervenir dicha problemática”.