El futuro del proyecto de viviendas de interés social (VIS) Aquarela sigue siendo incierto, a pesar de que el 27 de mayo el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación ordenaron al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, la demolición de la obra. (Lea aquí: Tras identificar fallas estructurales, ordenan demolición del Aquarela)
Mientras que el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco expresó su beneplácito por la solicitud emitida por el Gobierno Nacional y el Ministerio Público frente al edificio, la Cámara Colombina de la Construcción en Bolívar, Camacol, hizo un llamado a las autoridades locales a ser cuidadosos con las medidas a adoptar.
Lo que dice Unesco
El Centro del Patrimonio Mundial, a través de una carta enviada a la embajadora de Colombia ante la Unesco, Viviane Morales, sostuvo que “la decisión de autorizar la demolición de la torre en cuestión (Aquarela) para restituir el espacio público y garantizar la protección del bien es acogida con gran beneplácito”.
En la misiva, firmada por su directora Mechtild Rössler, también se lee: “el Centro del Patrimonio se encuentra extremamente complacido de saber que el trabajo conjunto llevado a cabo entre las diversas instituciones del estado colombiano, garante de la protección del patrimonio cultural, ha permitido evitar impactos negativos al valor universal excepcional del bien inscrito, por causa del proyecto inmobiliario Aquarela, ubicado en área de protección de Cartagena”.
Y es que en el marco de la versión 43 del Comité del Patrimonio Mundial, realizada en julio de 2019 en Bakú, Azerbaiyán, Alberto Escovar Wilson White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, anunció que la Unesco “le dio a Colombia un plazo hasta el comité de 2021 para, entre otras acciones, demoler el Aquarela. Si para entonces esto no ha pasado, se discute el ingreso de Cartagena a la lista de ciudades en riesgo de serles retirada la declaratoria de patrimonio”. (Lea aquí: Cartagena sería ‘patrimonio en riesgo’ si no ha demolido Aquarela en 2021: Mincultura)
Carta emitida por el Centro del Patrimonio
Camacol habla
Contrario a la postura antes expuesta, Camacol Bolívar pidió a las autoridades seguridad jurídica para la construcción que se alza en el barrio Torices y a escasos 200 metros del Castillo San Felipe.
Por medio un comunicado, la Cámara Colombina de la Construcción señaló que “el Ministerio de Cultura está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar a la Alcaldía tomar decisiones sobre un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela, ya que es un juez de la República, quien en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso”.
Para la gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas, la actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo porque a pesar de que los empresarios obtienen todas las autorizaciones y permisos que la ley exige, venden el proyecto y lo ejecutan, luego se ven enfrentados a una suspensión que desconoce los derechos legalmente adquiridos a través de las licencias.
Esta solicitud de la Cámara Colombina de la Construcción en Bolívar se suma al realizado por la Promotora Calle 47 S.A.S, constructores del Aquarela, al alcalde William Dau el pasado 2 de junio.
A través de una carta, el consorcio constructor le pidió al mandatario que se abstenga de atender la petición de Mincultura y la Procuraduría, ya que son los jueces de la República, a través de sus decisiones en el marco del debido proceso, los encargados de ordenar cualquier fallo sobre la construcción. (Lea aquí: “Le pedimos al alcalde que se abstenga de demoler”: constructores de Aquarela)
En medio de estas dos posturas, cabe recordar que el alcalde William Dau manifestó que espera leer el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SIC, para tomar las decisiones a que haya lugar sobre el polémico edificio.
La orden de demolición de Aquarela llega después de conocerse el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que asegura que el edificio no cumple con parámetros de sismicidad ni resistencia al fuego.
En el informe, de más de 100 páginas, la SIC indica las deficiencias en los enfoques de los diseños y el comportamiento de la estructura una vez se pusiera en funcionamiento. También detalla que la torre uno del proyecto habitacional no soportaría los cambios de diseño requeridos para restituir el espacio público que ocupa de forma indebida.
