Corrupción y explotación sexual son dos palabras que recogen los mayores escándalos de los últimos años en Cartagena.
El más reciente golpe de la Fiscalía fue llamado ‘Operación Vesta’ y permitió la captura de varias personas que, presuntamente, estaban involucradas en crímenes de abuso sexual infantil y proxenetismo. La cara más famosa de este escándalo ha sido la de Liliana Campos Puello, o como la conoce el país: ‘La Madame’.
La mujer está tras las rejas al ser sindicada de inducir a jóvenes a vender su cuerpo y supuestamente ser intermediaria para la prestación de servicios sexuales. Su caso es uno de los muchos que han ocurrido en Cartagena y que han sido noticia a nivel nacional e internacional.
1. Las casas de papel de los Quiroz
Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Quiroz Ruiz, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Johnatan Rivera Quiroz, Juan Carlos Quiroz Luna y Wilfran Quiroz, fueron los seis miembros del denominado ‘Clan Quiroz’ que ha dejado un alto número de familias como víctimas de su actuar delictivo.
La operación de la Fiscalía “Castillos de Arena” permitió su captura y fueron procesados por los delitos de fraude procesal, urbanización ilegal, documento público falso y estafa en la modalidad de masa.
Según el ente de control, desde 2012 crearon una empresa criminal que construyó varias edificaciones con licencias falsas, sin cumplir nunca normas urbanísticas. Entre esas estaba el proyecto Portal de Blas de Lezo II, una construcción que se desplomó y dejó 21 muertos y 23 heridos.
Inicialmente se identificaron 16 edificaciones ilegales que hoy tienen orden de desalojo expedida por un juez de la República, y deben ser sometidas a un segundo estudio patológico, estructural y de sismorresistencia.
Posteriormente, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que hay otras 20 estructuras que también fueron levantadas ilegalmente por los Quiroz. El Distrito anunció en mayo pasado que estos edificios también serían incluidos en los estudios.
Los Quiroz, por su parte, están a la espera de una audiencia con un juez de conocimiento. Este medio conoció que la Fiscalía también abrirá procesos contra algunos funcionarios públicos por este caso.
¿Qué ha pasado con las víctimas?
Las 108 familias que habitan en los 16 edificios considerados ilegales hoy son víctimas de esta estafa en el sector de la construcción. Muchos invirtieron los ahorros de toda la vida para adquirir un apartamento que hoy es ilegal y puede estar en riesgo de colapso.
“Se les ha hecho un daño muy grande a las víctimas pues han jugado con sus sueños y con su dinero. Aquí hay una corresponsabilidad entre el Distrito y la constructora, pues uno construyó sin las licencias necesarias y el otro permitió que se construyeran estos edificios”, dijo Javier Doria, director de la firma Doria & Asociados y abogado de las víctimas.
Doria agrega que hay otras entidades que también deben responder por lo sucedido. “Podemos hablar de la Superintendencia de Notariado y Registro, ya que le dio un tinte de legalidad a todo este asunto por las licencias que expidió para estas construcciones”.
Cabe recordar que estas familias deben desalojar sus apartamentos para la realización de los estudios estructurales. Aunque algunos han salido por voluntad propia, otros se resisten a hacerlo.
“Este caso se volvió mediático por la forma como la administración actuó en contra de las familias afectadas, alegando que sus vidas estaban en riesgo y que debían desalojar los inmuebles. El otro hecho que fue importante para que este caso creciera fue obviamente el desplome de la construcción en Blas de Lezo”, puntualizó Doria.
Las víctimas esperan que tanto gobierno como constructores respondan por los perjuicios.
2. La supuesta reina “proxeneta”
Kelly Johana Suárez Moya no ganó el Reinado de la Independencia al representar al barrio San José Obrero, pero siguió luchando por sus sueños al conformar una agencia de modelaje. Fue en un intento de entablar conexiones donde, según ella, “pecó”.
Para las autoridades, detrás de la idea de una agencia de modelaje se escondía una banda dedicada al proxenetismo o inducción a la prostitución de jóvenes y menores.
Kelly fue considerada la cabecilla y la Fiscalía la capturó el 11 de octubre del 2014 en las Islas del Rosario junto a cuatro hombres, y desde entonces comenzó su pesadilla.
Le fueron imputados los delitos de proxenetismo en menor de 14 años e inducción a la prostitución, y por eso estuvo un año y seis meses tras las rejas.
Luego de haber recurrido al vencimiento de términos, su abogado, Otoniel Zabala, interpuso el recurso de Hábeas Corpus y fue dejada en libertad en abril de 2016.
Su caso se volvió noticia nacional. La poca fama que tenía por haber participado en el certamen de belleza creció, aunque no como ella lo hubiese querido.
Sobre los cargos en su contra, la exreina reiteró que es inocente y que solo fue una víctima. En noviembre de 2016 fue una de las participantes del concurso Miss Dorada, donde manifestó que seguiría luchando por sus sueños.
3. El atroz asesinato de Kellys
Kellys Zapateiro Guzmán, de 28 años, fue asesinada, desmembrada y calcinada el 11 de julio de 2014 para arrebatarle el bebé que llevaba en su vientre.
El polémico caso se conoció luego que se encontrara a un perro jugando con un brazo humano en cercanías a la estación de policía de Manzanillo del Mar. El miembro, que pertenecía a Zapateiro, fue la única parte de su cuerpo que se pudo rescatar.
El expolicía Andrés Díaz Zabaleta y su compañera Josefa Cardona cometieron el atroz crimen. Se les imputaron los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y secuestro simple. La Jueza Segunda Especializada los condenó a 60 años de prisión sin derecho a rebaja de penas y pagar una multa de 3.375 salarios mínimos.
El 15 de junio de 2018, la magistrada Patricia Corrales, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, ratificó la condena luego de haber sido apelada por los defensores de los procesados.
Josefa y Andrés están recluidos en centros carcelarios fuera de la ciudad y nunca han dicho qué los motivó a cometer este crimen.
4. El caso Manolo
La supuesta elección irregular de Nubia Fontalvo como contralora distrital le costó a Manuel Vicente Duque el puesto como alcalde de Cartagena y su libertad durante más de un año.
La Fiscalía denominó como 'red de corrupción' al grupo de funcionarios públicos que favorecieron la elección de Fontalvo, aún cuando no obtuvo los puntajes necesarios para el cargo.
‘Manolo’, su primo José Julián Vázquez, Fontalvo y el concejal Jorge Useche fueron enviados a prisión. Se les imputaron los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias.
Erick Urueta, presidente de la Red de Veedurías de la rama judicial, predijo en su momento lo que terminó pasando con los capturados.
"Este es un proceso que va para largo, lo que si es verídico es que si se han impuesto medidas de aseguramiento y no se desarrolla pronto un juicio se aplicará la figura de vencimiento de términos y los procesados quedarán libres", dijo Urueta.
Hoy, los cuatro capturados gozan de libertad por vencimiento de términos pese a que la Fiscalía manifestó que intentaría impedirlo. Todos siguen vinculados a los procesos.
5. El vaivén de Aquarela
El proyecto de Viviendas de Interés Social que parecía tener una ubicación privilegiada, y le cumpliría el sueño a muchas familias de tener un hogar propio, está estancado hace casi un año.
La administración aún no toma cartas en el asunto. Para organismos internacionales representa una amenaza a la declaratoria de Cartagena como Patrimonio Histórico, y para otros, es un proyecto que debe continuar porque está en el marco de lo permitido.
Un juez con funciones de Control de Garantías le otorgó la libertad en junio pasado al curador urbano N° 1, Ronald Llamas Bustos; al representante legal, Lucas Tamayo y al arquitecto del proyecto, Claudio Restrepo. En agosto fue ratificada su libertad, luego de que la Fiscalía apelara la decisión de primera instancia.
Además del proceso penal, hay otras tres investigaciones: una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, una acción de nulidad que inició la Procuraduría por la presunta ilegalidad de las licencias, y un proceso policivo que suspendió y selló la obra.
