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Tras orden judicial, suspenden decreto de cierres de Playa Blanca

La Alcaldía de Cartagena expidió un nuevo decreto ordenando la suspensión de la medida, la cual fue cuestionada por la comunidad de Barú.

A través del Decreto 1390 de 2023, la Alcaldía de Cartagena ordenó suspender por un término de cuatro meses los cierres que estaban programados para las playas de la península de Barú, incluyendo Playa Blanca.

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La decisión obedece a una orden judicial del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, que tras una tutela presentada por las comunidades de Barú, pidió a la Alcaldía suspender la medida.

El Distrito impugnó el fallo de primera instancia y el trámite de este recurso aún no ha sido resuelto, sin embargo de igual forma se decidió acatar la orden del juez.

No hubo consulta previa

De acuerdo con el fallo de primera instancia no hubo concertación con las comunidades antes de expedir el decreto que establecía los cierres, los cuales iban a ser dos días cada mes hasta junio de 2024. De hecho, el juez constató que antes de expedir el acto administrativo se desarrolló un comité donde no se evidenció la participación de los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca.

“La medida si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, dice el fallo.

Para el juez, la Alcaldía de Cartagena debió solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior la realización de una consulta previa para poder tomar una decisión en torno al decreto.

En este sentido, la orden judicial pide que durante la suspensión de cuatro meses el Distrito adelante todas las gestiones necesarias para realizar la consulta.

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